Los controles de alcoholemia se mantendrán hasta finales de año en zonas aleatorias del casco urbano. La campaña de la Dirección General de Tráfico con motivo de la Navidad está siendo ejecutada por la policía local con un número "irrelevante" de positivos, según informó el intendente jefe, César García.

Esta medida se está aplicando desde mediados de este mes sin lugares definidos de antemano ni en un horario concreto, añadió este responsable, que recalcó que los controles se realizan "en distintos puntos, a distintas horas y en distintos días". Una media de 20 conductores son requeridos a diario por los agentes, que se colocan en zonas en las que no entorpezcan el tráfico. Entre ellas, ya se han utilizado las avenidas Juan Pablo II (antigua travesía de la N-630), de Alemania o Ruta de la Plata, aunque hasta el mismo día del control la policía local no fija la ubicación exacta.

A la necesidad de prevención en fechas propicias para el consumo de alcohol se ha unido una bajada en la estadística de positivos por alcohol registrados en la capital cacereña. Así lo afirmó García González, que hizo hincapié en que las cifras "están bajando" por las campañas de concienciación de la DGT. "El descenso en el número de positivos no es relevante, pero en porcentaje sí", afirmó, en alusión a que siempre se registran caso aislados de conductores que sí dan positivo.

El jefe de la policía local detalló que el protocolo de actuación establece que el conductor sea informado del control como paso previo a someterse a la prueba. En caso de dar negativo, puede continuar la marcha pero, de no ser así, el vehículo quedará inmovilizado y los agentes iniciarán los trámites para denunciar al infractor.

La última reforma del Código Penal establece que los conductores detenidos por exceso de velocidad o bajo la influencia de las drogas --con una tasa de alcohol espirado superior a 0,60 miligramos por litro o una tasa de alcohol en sangre superior a los 1,2 gramos por litro-- puedan ser condenados a penas de tres a seis meses de prisión o multa de seis a 12 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días, además de perder el permiso de conducir por un período de entre uno y cuatro años.

Además, quienes se nieguen a someterse a la prueba de alcoholemia pueden ser condenados a entre seis meses y un año de cárcel y a la privación del permiso por entre uno y cuatro años. Asimismo, el jefe de la policía local también resaltó el efecto positivo que están teniendo otras campañas sobre el uso del móvil o el casco en motos y ciclomotores, que también han redundado en un descenso de sanciones.