El Grupo Popular en la Diputación de Cáceres va a requerir a la Administración General del Estado que revise el presupuesto de la institución provincial, que hoy entra en vigor al considerar que "incumple el ordenamiento jurídico y es anulable".
El portavoz del PP en la institución provincial, Alfredo Aguilera, ha explicado que han escogido esta forma para "velar por la legalidad del presupuesto" y no la de presentar alegaciones "para no paralizarlo y que las inversiones lleguen".
De esta forma tendrá que ser la Abogacía General del Estado quien, tras estudiar las cuentas, decida si la Diputación tiene que subsanar errores, impugnarlos o dar su visto bueno, ha añadido.
En este último caso el PP esperará a la argumentación de la Abogacía del Estado para decidir si recurrirá el Presupuesto por la vía contenciosa-administrativa.
Aguilera, como en otras ocasiones, ha vuelto a insistir en que la elaboración del presupuesto de la diputación "no se ha ajustado a la ley".
Así, entre otras cuestiones ha detallado que "incumple la subida máxima salarial del 1% y la eleva hasta el 12% o excede la tasa de reposición, así como la aprobación de incrementos en las retribuciones complementarias sin informes".
Además, ha apuntado que "se incumple el Plan Económico Financiero y la presidenta -Rosario Cordero- ha sustraído competencias propias del pleno".
Aguilera ha justificado el no haber presentado alegaciones a los presupuesto, cuyo plazo finalizó ayer, por "responsabilidad y solidaridad con los ciudadanos de la provincia".
En este sentido, ha indicado que si hubiesen presentado alegaciones "se hubiera paralizado la aprobación del presupuesto y las inversiones hubieran tardado más aún en llegar a los municipios".
El portavoz del PP ha recordado que cuando el PSOE estuvo en la oposición "impugnó la Relación de Puestos de Trabajo" y en el Ayuntamiento de Cáceres "ha presentado alegaciones al presupuesto".
Con esto ha querido expresar que "la única responsable de las consecuencias negativas que pueda tener este requerimiento es la presidenta y su equipo de Gobierno por no haber hecho caso de los informes".
