El grupo popular en la Diputación de Cáceres pide al equipo de gobierno de la institución que dé marcha atrás en el cese de la interventora general, Victoria Valle Núñez, tras haberse mostrado en contra el Ministerio de Hacienda y Función Pública. El cese se anunció el pasado 22 de diciembre, justo un día después de que se aprobaran en pleno los presupuestos de este año, que tenían un reparo de la intervención. Algo bastante común en esta legislatura y que, para el equipo de gobierno, ha retrasado mucho la ejecución presupuestaria.
El cese debe comunicarse al Ministerio de Hacienda y Función Pública al tratarse de un funcionario público de libre designación con habilitación nacional. Sin embargo la opinión del mismo es preceptiva pero no vinculante. Hacienda hace referencia a que no existe motivación para el despido de la interventora ya que, según el expediente enviado por diputación, no se observa incapacidad técnica que lo justifique, como tampoco «cabe entender acreditadas las circunstancias de pérdida o falta de idoneidad», indica el informe del ministerio, firmado por su secretaria general, Belén Navarro Heras.
La presidenta de diputación, Rosario Cordero, anunció ayer que continuará adelante con el expediente de cese, que firmará «en breve». Recordó que su equipo de gobierno ha decidido seguir adelante por efectividad y porque el ministerio no ha anulado el procedimiento. Señala que la interventora se encuentra actualmente de baja y ha sido sustituida; desde entonces, reconoce Cordero, «se ha agilizado la ejecución presupuestaria y está llegando más dinero a los ayuntamientos», asegura, en alusión a que los expedientes de proyectos y ayudas se estaban ralentizando debido a los numerosos reparos que se ponían desde el servicio de intervención, recoge la agencia Europa Press.
Para el portavoz del Partido Popular, Alfredo Aguilera, «la reacción del equipo de gobierno, que continúa en sus trece de cesarla, es la constatación de un camino hacia la irresponsabilidad más absoluta por parte de la presidenta».
juicios / Aguilera advierte de la posibilidad que existe de que la funcionaria presente un contencioso administrativo contra su despido, lo que puede suponer entrar en una «espiral judicial» de continuos recursos por ambas partes y que la situación se alargue durante lo que queda de legislatura.
Aguilera recuerda que los reparos que ponía intervención estaban relacionados con temas importantes como el presupuesto o el nombramiento de personal directivo (sobre esto último el TSJEx ya se pronunció en contra). Y le pide a Cordero que «recupere el sentido común». «Con esto (el cese) -añade- lo que hacen es vulnerar la imparcialidad de la diputación. Los secretarios y los interventores están para garantizar que una administración pública actúe de forma objetiva».
