El pleno de la corporación municipal ratificó ayer que una empresa continuará gestionando el ciclo integral del agua (depuración y abastecimiento) cuando el 1 agosto finalice el actual contrato con Canal de Isabel II. Solo el edil de IU, Santiago Pavón, mantuvo la defensa de un sistema de gestión participado por la administración municipal. El resto se decantaron por la gestión privada al considerar que es la única económicamente posible, dado que no solamente está en juego quién gestiona el servicio del agua, sino que a este concurso se ha vinculado el pago de los seis créditos que por valor de treinta millones contrató el consistorio el pasado mes de julio.

El agua compartió ayer protagonismo con el concejal de Foro Ciudadano, Felipe Vela, que con la sesión de ayer ponía fin a seis años de vida política municipal. Pero la primera parte del pleno fue para el agua, llevando la discusión a un nuevo frente: qué incidencia tendrá en el recibo del agua el contrato que se firmará con la empresa que gane el concurso que, como muy tarde, se tendría que convocar en febrero y adjudicar en junio para que la empresa empiece el 1 de agosto, y evitar situaciones complicadas como las que se vivieron en enero del 2006, cuando en el último momento se prorrogó el contrato con Conyser para impedir que la basura se quedase en la calle.

Pavón, que ayer capitalizó la mitad del debate, manifestó que con el recibo del agua tres generaciones pagarán "los desaguisados" de 12 años de gobiernos del PP, de los últimos años del ejecutivo socialista de Sánchez Polo y los dos que se llevan de la actual legislatura. El edil recordó que al contrato, además de los gastos fijos y variables, también se añaden los treinta millones de un canon cuyo fin es que el ayuntamiento pague en seis años los seis créditos contratados en julio y los 34 millones de obras que en principio se van a exigir a la empresa dentro del contrato. Gastos, canon y obras sumarán la cuota que el ayuntamiento tendrá que pagar a la empresa gestora y ésta se financia con la tasa que abona el usuario o con los presupuestos municipales.

El resultado es que a mayores costes, mayor debe ser lo que paga el contribuyente. La portavoz del PP, Elena Nevado, compartió la misma reflexión que Santiago Pavón, aunque solo en el fondo, no en los motivos por los que se llega a esta situación, ya que para el PP la responsabilidad está en el actual gobierno local que al recurrir al canon hará que se pague más por el agua, una subida en la tasa que afecta "a todos por igual", según puntualizó la portavoz, sin atender a las capacidades financieras de los contribuyentes. Nevado, lo mismo que Pavón, sumó un nuevo coste que tiene que repercutirse en el recibo del agua: las obras del trasvase desde Portaje que será el nuevo abastecimiento de agua.

RESPUESTA Tanto Partido Popular como IU, ambos forman la actual oposición política al ejecutivo del PSOE, coincidían en que a Cáceres le espera un futuro con el agua mucho más cara: "será más barato beber whisky que agua" fue el mensaje lanzado desde ambos partidos.

El gobierno socialista no negó que el agua tendrá que subir con la nueva concesión. Su concejal, Miguel López, lo dijo claramente: "Si hay que modificar las tarifas hacia arriba habrá que hacerlo", aunque se refería a una revisión en la que se graven más los consumos elevados. López dio el ejemplo de como solo 350 usuarios, entre los que hay empresas y organismos públicos y que apenas suponen el 1,5% de los consumidores, se gastan el 44% del total del consumo. En la misma línea se pronunció el portavoz socialista, Lorenzo de la Calle, que ante la afirmación de Nevado de que la subida afectará a todos por igual en base a lo que consuman, respondió que la actual tarifa tiene tramos, que bonifican al que menos gasta y gravan al que consume más agua.

Al debate se sumó la alcaldesa, Carmen Heras, para apuntar que la subida será "pequeña" y afirmar que en Cáceres "se seguirá bebiendo agua a un precio razonable". Pero ni unos ni otros dieron datos concretos y precisos de lo que es un hecho: el precio del agua, que no se modifica desde la subida aprobada en diciembre del 2004, tiene que subir, pero falta saber cuánto, una respuesta que dependerá de, al menos, dos factores: la oferta de la empresa a la que se le adjudique el servicio (a cuánto cobrará al consistorio el metro cúbico de agua que trate) y las condiciones que se le pidan en el pliego de condiciones (si a los costes del servicio