El Partido Popular en la diputación pedirá a la Administración General del Estado que estudie el presupuesto de la institución de 2017, que entró ayer en vigor tras no recibir alegaciones, porque «infringe el ordenamiento jurídico». El Estado analizará las cuentas y decidirá si se ajustan a la Ley de Presupuestos Generales del Estado o si, por el contrario, la incumplen. En este último caso puede tomar dos caminos: pedir a la institución que subsane los errores o impugnar el presupuesto.

El PP ha decidido tomar esta alternativa en lugar de presentar alegaciones a las cuentas para evitar que se paralizaran hasta que se resolvieran sus peticiones, lo que habría supuesto el retraso de la entrada en vigor del presupuesto y por tanto de las inversiones en los municipios, según explicó ayer el portavoz del PP en la institución, Alfredo Aguilera. «Lo hacemos por coherencia, por solidaridad, por responsabilidad, porque tenemos que velar por la legalidad absoluta, y por principios políticos, porque la Ley de Presupuestos Generales del Estado lo que hace es que en una grave crisis se reduzcan gastos superfluos y de personal para invertirlos en los pueblos o en reducir deuda», señala Alfredo Aguilera.

«Algo teníamos que hacer ante un presupuesto que ya hemos dicho que vulnera preceptos básicos del ordenamiento jurídico hasta el punto de poderlo considerar nulo o anulable», añade Aguilera. A su juicio incumple el artículo 19 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) 2016, que establecía la subida máxima salarial del 1%. En diputación «la subida se ha ido a un 12,12%, esto está prohibido por ley». También incumple este punto porque se crean nuevas plazas que exceden la tasa de reposición (se crean 30 y se amortizan siete). Asimismo no se respeta el plan económico financiero de la diputación, aprobado en el mes de junio.

Además cree que se deben analizar las cuentas porque en ellas «se incrementan las retribuciones complementarias sin previo estudio de valoración ni valoración objetiva, prohibido por ley», «sustraen competencias exclusivas de pleno a favor de la presidenta» y «pretenden evitar el control y fiscalización de los funcionarios, sustrayendo sus funciones para dárselas a cargos directivos nombrados a dedo».

En el caso de que la diputación dé la espalda a los requerimientos de la Administración General del Estado el Partido Popular baraja presentar un recurso contencioso administrativo contra los presupuestos de este año.

«Que nadie eche la culpa al PP si esto tiene consecuencias negativas para los ayuntamientos por una posible paralización del presupuesto. Aquí la única responsable es la presidenta y su equipo de gobierno, al haber actuado con una irresponsabilidad absoluta haciendo caso omiso a los informes en contra que tenía», advierte. Su equipo votó en contra de los presupuestos debido a que por los motivos anteriormente expuestos tenían reparos de intervención.

Por su parte el equipo de gobierno defiende «la seguridad jurídica» del presupuesto de 2017 ya que «el Ministerio de Hacienda es conocedor de todos los movimientos que realiza la diputación referente a estabilidad presupuestaria a través de la información que le envía mediante la plataforma on line». Las cuentas han sido enviadas también a la Junta de Extremadura.

«Frente a las dudas expresadas por el grupo popular se impone la seguridad jurídica y la determinación de gobierno, que está para trabajar por la provincia y no perder tiempo en disputas políticas que no interesan a los ciudadanos», añade el equipo de gobierno. Y recuerda que «se trata de unos presupuestos que llevan soluciones tan importantes como el Plan Activa, que invierte en todos y cada uno de los municipios; el Plan Pedanías y el Plan Activa Cultura».