El portavoz del gobierno local (PP), Rafael Mateos, pidió ayer al resto de grupos políticos que no bloqueen que el ayuntamiento se acoja al préstamo (es una línea de crédito) que por un máximo de 17,5 millones permite Hacienda para pagar sentencias firmes. El llamamiento de Mateos fue el segundo que hizo el gobierno en menos de 24 horas. Para acogerse a esta operación es necesaria la autorización del pleno de la corporación y que el acuerdo se tome por mayoría absoluta. Se necesitan 13 votos y el gobierno tiene 11.
Cuando este expediente se dictaminó en la comisión de Economía del jueves, el resto de partidos (PSOE, C’s y Podemos) se abstuvieron. Si mantienen la abstención en el pleno, no se llega a los 13 votos, por eso Mateos insistió en que no facilitar esta operación no significa que se rechace una propuesta del gobierno, sino que se estaría impidiendo una medida necesaria «por el interés general de Cáceres. Es un asunto suficientemente serio para que la oposición a día de hoy --por ayer-- siga jugando a si lo apoya o no».
El PP necesita el apoyo del PSOE o de C’s. El portavoz socialista, Luis Salaya, recordó ayer que la alcaldesa, Elena Nevado, se ha quejado muchas veces de la deuda que le dejaron sus antecesores y que ahora pretende dejar la deuda a corporaciones posteriores porque el préstamo no se amortiza hasta 2027. El PSOE mantenía ayer la abstención. El portavoz de C’s, Cayetano Polo, dio el jueves casi por seguro que mantendrán la abstención en el pleno a celebrar el día 6.
Los pagos más urgentes y en los que hay resoluciones judiciales que reconocen un débito son los de seis expedientes de expropiaciones (entre 5 y 6 millones -aunque en varios sigue abierto el proceso judicial-, la mayoría de intereses) y los 5,4 millones que se deben a la anterior empresa de autobuses (Busursa), el ayuntamiento asegura que ya ha pagado 1,2 millones.
PLAZO DE 30 DÍAS / De uno de los expedientes de expropiaciones ha habido novedades en marzo. En un auto del TSJEx se reafirmó que la deuda de intereses es de 1.969.205 euros (de los que 600.301 son intereses de intereses). En una providencia, el TSJEx ordena al ayuntamiento que pague la cantidad citada, fijada en una resolución de octubre de 2016, y da 30 días para que se abone, además en este tiempo se deberá informar al TSJEx sobre qué órgano administrativo es el encargado de cumplir su orden y quién será el titular del mismo. Si no se cumple, el tribunal advierte de que podrá imponer multas de entre 150 y 1.500 euros a las autoridades (en este caso la alcaldesa o ediles del gobierno) o funcionarios que hayan incumplido, multas que se irán repitiendo hasta la completa ejecución del fallo judicial. Nevado ya se enfrentó a una situación parecida por otro expediente el pasado junio.
Si el ayuntamiento se acoge al préstamo, el pago de este débito y de otros se hará en unas semanas. Si no se aprueba en el pleno, habrá que buscar otras vías de financiación, antes se recurrió a modificaciones del presupuesto, al exceso del canon que paga Canal y a una operación de tesorería. H.
