Las modificaciones que necesita el proyecto del paso subterráneo para vehículos en Aldea Moret podrían llegar a elevar su coste 1,5 millones de euros (casi el doble del importe de adjudicación de la obra, que fue de 2 millones), según el informe remitido por el Servicio Municipal de Infraestructuras a la Sección de Contratación, dado a conocer por el PP. "Primero se retrasa el proyecto hasta salirse fuera de todos los plazos y ahora nos encontramos con un fuerte aumento en el presupuesto. Visto lo visto, tememos que la obra no se llegue a realizar", declaró ayer Joaquín Rumbo, concejal del PP, recordando que este nuevo vial eliminaría el último paso a nivel del casco urbano y daría acceso a la futura urbanización del poblado minero, con miles de viviendas, y al Embarcadero.
Para hoy está prevista una comisión informativa extraordinaria en la que el equipo de gobierno anunciará a todos los grupos municipales la solución a los desajustes que se han hallado en el proyecto y que obligaron a paralizarlo el pasado 3 de abril, cuando las obras, que tendrían que estar concluidas el 15 de noviembre pasado, ni siquiera habían comenzado. El informe técnico de Infraestructuras detalla estos problemas. Por ejemplo, en el proyecto no se contemplaba el tratamiento de taludes ni tampoco aspectos relacionados con el saneamiento, la sección del firme o la continuidad del vial para enlazar con la avenida de la Constitución, y había errores en los porcentajes empleados.
OTROS ESCOLLOS Además, el desvío proyectado en la línea férrea es inviable al coincidir con el edificio Embarcadero. Adif tampoco permite cortar la vía más de veinticuatro horas y ha rechazado otras alternativas, aunque se ha llegado a una solución técnica todavía no desvelada que elevaría el coste. La excavación a cielo abierto mediante voladuras también genera problemas, ya que ninguna empresa se compromete a realizarlas al precio presupuestado debido a la necesidad de extremar la seguridad por los inmuebles cercanos (viviendas y el Embarcadero).
En definitiva, sin considerar el tratamiento de taludes, el incremento del coste estaría en torno a 1 millón de euros. Si se incluye dicho tratamiento, la inversión se elevaría incluso entre 300.000 y 500.000 euros más, en función de la solución técnica definitiva.
Joaquín Rumbo lamentó ayer que el proyecto se encuentre en este punto pese a que el convenio que hacía posible su desarrollo se firmó en diciembre del 2006. Por entonces la Junta se comprometió a financiar el proyecto, redactado por el administrador ferroviario Adif, y el ayuntamiento a ejecutarlo, previa entrega de dos parcelas a la Junta para viviendas del Plan 60.000. "Desde entonces lo han retrasado para que no parezca una iniciativa del Partido Popular, después lo han intentado modificar con el mismo objetivo y finalmente se les ha ido de las manos", afirma Rumbo.
Puesto que la obra se adjudicó el pasado verano y el acta de replanteo se firmó en noviembre, "comenzamos a preguntar al equipo de gobierno por qué no comenzaba, y nos contestaban que estaba a punto, incluso en enero anunciaron que empezaría ese mes. Finalmente se ha paralizado en abril", recuerda Rumbo, que hace días solicitó la comisión extraordinaria de hoy.
El concejal tampoco acepta que la responsabilidad de la situación se encuentre en el proyecto inicial, redactado por Adif. "Si no estaba bien hecho, ¿por qué lo sacaron a concurso el año pasado?. Creemos que han querido cambiarlo y han surgido estos problemas", afirma Joaquín Rumbo, lamentando que a estas alturas la obra tampoco podrá acogerse a una prórroga de seis meses.
