El conflicto que enfrenta a los bomberos y la diputación en Cáceres tuvo un precedente en Gran Canaria, donde 150 agentes lograron sus reivindicaciones el pasado mes de febrero tras permanecer trece días en huelga de hambre. Las similitudes son coincidentes en algunos puntos: petición de mejoras salariales y más personal para los parques, aunque los canarios reclamaban turnos de 24 horas en lugar de ocho, aunque estaban satisfechos con los medios materiales de los que disponen mediante un consorcio en el que participan el Gobierno de Canarias (20%), el Cabildo Insular (40%) y 19 municipios que aportan también el 40% del coste del servicio. Sólo los Ayuntamientos de Las Palmas y de San Bartolomé cuentan con parques, ya que el consorcio gestiona nueve en el resto de la isla. Ahora funcionan cinco y los bomberos lograron que se dotara de personal a otros cuatro.
"Pedimos negociar con el consorcio pero se negaban. Por eso nos pusimos en huelga de hambre", recuerda Cesáreo Monagas, uno de los bomberos canarios que representó a sus compañeros. Tras tres días de paro iniciaron el ayuno el pasado 25 de enero y no pararon hasta convencer a los políticos. Hoy, asegura Monagas, su sueldo ha pasado de 1.400 euros brutos mensuales a 1.900 y en el 2007 estará en 2.300, según la subida pactada de 900 euros más en dos años. "A nivel local y nacional sufríamos un agravio comparativo muy grande", afirma.
Las protestas de los canarios también provocaron que fueran tratados desde entonces como funcionarios, la asignación de un destino concreto y el compromiso de incorporar 90 nuevos bomberos a los parques del consorcio, que pasarán de tener 150 a 240 efectivos. "Antes nos hacían rotar por toda la isla porque no había personal suficiente", recuerda. La clave fue una multitudinaria manifestación apoyada por 10.000 ciudadanos el 3 de febrero. Tres días después, volvieron a comer.
