Los taxistas volvieron a reclamar ayer al ayuntamiento que estudie una subida de tasas puesto que los precios de este transporte urbano se mantienen en Cáceres desde febrero del 2002. El presidente de la Asociación Provincial de Autónomos del Taxi, Segundo Martín, y el vicepresidente de Radio Taxi, Alfonso Palacios, instaron nuevamente al consistorio a que revise las tarifas en función del IPC correspondiente a los años 2002 y 2003, lo que supone un incremento del 6% sobre los precios actuales.

Segundo Martín puso el recientísimo ejemplo de la subida del precio del autobús y consideró de justicia la reivindicación del sector al que representa "puesto que --aseveró-- sólo queremos el IPC, no pedimos más".

El presidente del colectivo recordó que en el 2003 se presentó un estudio económico, que fue rechazado porque presentaba incorrecciones. El gremio acudió a un economista, "que realizó un estudio económico real. Nos costó 1.000 euros y se presentó en abril del 2004". Desde entonces el informe sigue en el ayuntamiento y los taxistas, aseguran, no han recibido respuesta.

Los conductores advierten de que la subida del 2004 y del 2005 "ni siquiera se ha planteado". La del año pasado porque el consistorio no se ha pronunciado respecto al informe de los dos ejercicios anteriores y la de éste, porque el año aún no ha finalizado. La conclusión del sector es clara: "Vamos perdiendo paulatinamente poder adquisitivo y el taxi va a menos".

Segundo Martín asegura que desde el 2002 el gasoil ha subido un 40% y que los taxistas deben pagar por un seguro a terceros la friolera de 1.500 euros (250.000 pesetas). Sostienen que de las cuatro ciudades que trabajan con taxímetro: Cáceres, Mérida, Plasencia y Badajoz, sólo Mérida y Cáceres mantienen los precios de hace años, en el resto de ciudades se ha aplicado una subida en función del IPC.

LAS LICENCIAS La reacción de los taxistas se produce días después de que el concejal de Tráfico, Santos Parra, anunciara en este mismo diario la intención del ayuntamiento de cambiar la ordenanza municipal del taxi. El asunto más espinoso que quiere abordar el consistorio es la regulación en la transmisión de licencias para evitar, a juicio de Parra, posibles picarescas y lograr más equidad. Si el gobierno municipal pone en marcha la ordenanza, las licencias no se podrán vender, arrendar, ceder o traspasar, tampoco el derecho de explotación ni el vehículo afecto a dichas licencias.

Los taxistas aseguran que la pretensión municipal supone una contradicción a lo establecido por el Reglamento General del Taxi, que data de 1971. "La licencia se puede transmitir sin ningún tipo de problemas una vez que tenga cinco años de antigüedad. La ley dice que puedes transmitirla en caso de jubilación, muerte, enfermedad grave...", señala Martín.

Alfonso Palacios pone un ejemplo tan real como la vida misma y lo relata así: "Lo que vienen a decir en el ayuntamiento es que, por ejemplo, imaginemos un autónomo del taxi, que trabaja desde hace 30 años, de día, de noche, las horas que Dios no sabe y algo más. Y que ese taxista tiene un hijo que está trabajando con él, dado de alta, y que la mujer sea ama de casa. Entonces que ese taxista tenga un accidente y muera. A su mujer y a su hijo los dejamos como vinieron al mundo, en pelotas, hablando mal y pronto, en pelotas y les damos la limosna por viudedad porque no se puede transmitir la licencia..."

El sector dice estar dispuesto a sentarse con el ayuntamiento para variar algunas ordenanzas que están obsoletas, pero que el asunto de las licencias "es invariable". Añaden que si el gobierno local demuestra que hay gente que vende o alquila las licencias, "que los persigan y ya está".

En cuanto a la concesión de más permisos por parte del ayuntamiento --hay 72 licencias--, los taxistas creen que sólo deberían ampliarse "siempre que hubiera circunstancias que así lo requirieran" como la construcción de un aeropuerto, el AVE o el crecimiento poblacional. Ponen el ejemplo de que recientemente se han dado licencias "para cubrir una necesidad de minusválidos". Porcentualmente Cáceres, dicen los taxistas, tiene más licencias de minusválidos que Madrid.