Darío Rojas, un inmigrante boliviano de 26 años, no quiere fotos en las que aparezca su cara para no perder oportunidades de trabajar. Tampoco desvela dónde y cómo se gana la vida para no dar más pistas de su situación fuera de la ley.

Mecánico-soldador en su país de origen, Darío llegó a Cáceres hace cuatro meses. Abandonó Madrid donde, afirma, "al inmigrante sin papeles se le trata como a un delincuente". Cuando llegó a la ciudad primero fue jardinero y luego trabajó en la hostelería. Ahora muestra los papeles en los que se le obliga a abandonar el país en 48 horas. El plazo finalizó la semana pasada, pero él y su mujer quieren vivir en Cáceres. Dejaron a su hijo en Bolivia. "Me han tratado muy bien y no tengo de qué quejarme. Opté por venir aquí por la tranquilidad y para buscar el futuro mejor para los dos", asegura.

Sin embargo, la situación es ahora límite. "La policía me tomó las huellas y la dirección de la casa. No me quiero esconder porque el que nada hace, nada teme", señala, mientras afirma que "prefiere seguir siendo invisible" a pesar de los cambios que se avecinan en la Ley de Extranjería.

Un futuro incierto

Este inmigrante no sabe qué decisión tomar a pesar de que la reforma le ofrecerá la posibilidad de obtener un permiso si demuestra que lleva al menos un año trabajando, siempre y cuando denuncie al empresario que le dio empleo: "Si tienes una orden de expulsión no sabes qué hacer. Si perderte o huir de las autoridades". Su futuro inmediato, mientras tanto, sigue en el alambre.