Solo 1,8 millones de los 26,4 millones de las obligaciones que el ayuntamiento tiene pendiente de pago a proveedores, empresas o colectivos son de expropiaciones de terrenos. Pertenecen a un mismo proceso de consecución de suelo, junto a la iglesia de San José. Pero al menos hay otros 6 millones que se encuentran pendientes de pago, de tres expedientes de expropiación, cantidad que sale de justiprecios de sentencias del TSJEx y que están recurridos ante el Tribunal Supremo. Estos tres casos no son las únicas expropiaciones que aún quedan por resolverse.

Todos los grupos políticos municipales reiteraron ayer su preocupación por el efecto que estos pagos por la obtención de terreno han tenido, están teniendo y tendrán en las arcas del ayuntamiento y subrayaron la necesidad de encontrar una solución.

Hace cinco días el concejal delegado de Economía, Lorenzo de la Calle, especificó la deuda que el ayuntamiento tiene con entidades de crédito y las obligaciones reconocidas, entre éstas destaca lo que se adeuda a las empresas que gestionan los grandes servicios públicos, y pendientes aún de pago (no se detallaron en el pleno los derechos que están todavía pendientes de ingreso).

TERTULIA Parte del debate en esa presentación se centró en el efecto que las expropiaciones de suelo han tenido y tendrán en las arcas locales y ayer, en la tertulia de Onda Cero en la que participaron los portavoces de los grupos políticos, se escucharon los mismos argumentos.

Todos coincidieron en que es un asunto que preocupa y que hay que poner sobre la mesa todos los expedientes. Un primer intento para analizar los efectos de las expropiaciones se produjo en marzo de 2008, con datos fechados a 15 de octubre de 2007.

En marzo de 2008 se informó a los concejales de la comisión de Urbanismo de que había diecinueve expedientes de expropiaciones en trámite (once estaban pendientes de que se fijase el justiprecio, en tres faltaba que se hiciese la valoración del ayuntamiento, y en otros cinco había una advertencia de expropiación de la propiedad).

Dos de esos expedientes acabaron en sentencias que resolvían sobre el coste del justiprecio. Por las dos parcelas, que no llegaban a la hectárea, se pagaron 2,7 millones. Otros tres de estos expedientes, que tras las sentencias del TSJEx suman un valor del terreno de 6 millones, están pendientes de que el Supremo se pronuncie. En otro expediente, por 1,8 millones, se ha llegado a un acuerdo entre la propiedad y el ayuntamiento y está dentro de los 26,4 millones de obligaciones pendientes de pago. Y hay un séptimo expediente en el que el TSJEx no aceptó la reclamación de 2,3 millones porque no quedaba acreditada la propiedad de la finca.

Cuando hace un año y medio se diseñó la macrooperación de pago a acreedores, pensada para autónomos y para empresas, 8,7 de los 30 millones de euros fueron a pagar tres expropiaciones a tres sociedades --GP Promoción del Suelo, Habana Antigua y Tres Caldera--, que habían comprado el terreno. En el caso de la primera sociedad, el valor del suelo --entre el precio de compra y el justiprecio fijado en sentencia-- se multiplicó por diez, mientras que en los otros dos procesos se multiplicó por tres. En los tres casos ahora en el Tribunal Supremo, los propietarios, familias, eran los titulares cuando el suelo se reservó para un uso público.

Las expropiaciones se producen porque el terreno está destinado a un uso público (espacio verde, viario...). Al no estar adscrito a un sector o unidad de actuación, que permitiese compensar al propietario con edificabilidad en polígonos con usos lucrativos, se debe conseguir por la administración mediante expropiación o ocupación directa. Los casos que ahora salen son de planes de urbanismo anteriores.