La Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana estudió ayer las nueve alegaciones presentadas a la Ordenanza Reguladora de la Convivencia Ciudadana y de la Protección del Entorno Urbano, aprobada por unanimidad por PP, PSOE e IU en el pleno del pasado 22 de noviembre.

Aunque el debate definitivo sobre las enmiendas se producirá en la sesión ordinaria prevista el próximo martes, el concejal de Seguridad Ciudadana, Santos Parra, dijo ayer que la ordenanza cumple la legalidad y no vulnera los derechos de los ciudadanos tras el informe jurídico al que tuvieron ayer acceso los representantes municipales. "Sólo hace falta precisar algunos flecos, pero el informe jurídico dice que no limita ni coarta derechos", subrayó el edil, que precisó que las alegaciones pueden reducirse a tres o cuatro "ya que se repiten en el contenido y porque vienen firmadas por distintos colectivos".

La mayor parte de las alegaciones están presentadas por colectivos y particulares que forman parte de la Coordinadora Ciudadana por la Libertad de Expresión. Cinco de sus representantes pudieron exponer ayer en la comisión municipal los puntos en los que discrepan, referidos a los artículos 11, 12, 14, 37 y 38, sobre la responsabilidad de los colectivos y entidades que organicen convocatorias públicas acerca del coste de posibles destrozos o la suciedad que se genere. La ordenanza también obliga a depositar una fianza previa y establece sanciones económicas. La plataforma considera que estas normas tienen un carácter "punitivo, buscan prohibir y están recogidas en otras ordenanzas" y suponen además "una coerción o limitación pública".

NO PROHIBITIVA Sin embargo, Parra matizó que la ordenanza "no entra en el contenido" de las convocatorias ni en la publicidad que se difunda y recordó que ésta cuenta con el respaldo unánime de los grupos. "Cuando tiran una moneda, sancionan al club y no al que la tira", indicó sobre el artículo que responsabiliza a los colectivos organizadores de los incidentes que puedan producirse en concentraciones.

Por su parte, Carlos Jurado, del PSOE, abogó por "consensuar" estas alegaciones, aunque se mostró favorable a la norma porque, dijo, "está para evitar actos de vandalismo y poner coto a los gastos y molestias que ocasionan a los ciudadanos". En la comisión también se abordó la obligación que tendrán las terrazas del casco antiguo de cumplir una serie de requisitos para adecuarse al entorno.