La reciente sentencia del Tribunal Constitucional en la que se ratifica la multa impuesta por el Ayuntamiento de Gijón contra un pub por contaminación acústica ha sentado un importante precedente en Cáceres, donde a instancias de las comunidades de vecinos el ayuntamiento ha decretado el cierre cautelar de dos bares de la movida durante un año y ha propuesto multas de 9.015 euros para tres bares de la plaza de los Maestros.

Según confirmó ayer el abogado cacereño José Luis Fernández Simón los vecinos del número 5 de Hernán Cortés recurrieron a sus servicios por los ruidos que les ocasionaba el pub Rita, en la plaza de Albatros. Recientemente el ayuntamiento ha dictado resolución sancionadora por la que se decreta el cierre del local durante un año. La medida, según indicó el concejal de Seguridad Ciudadana, Santos Parra, ha sido recurrida por los propietarios del negocio de copas.

Parra comentó que ha sucedido lo mismo con Maravedí, un establecimiento de la plaza Mayor para el que también se ha decretado el cierre de un año. El concejal insistió que, en todos los casos, el ayuntamiento ha actuado "a instancias de parte y no de oficio, es decir, como consecuencia de la denuncia vecinal".

Otros casos, defendidos igual que el Rita por Fernández Simón, se refieren a la comunidad de propietarios de la plaza de los Maestros, que conecta avenida de España con Gómez Becerra. En ella se encuentran varios establecimientos y tres de ellos --Oliver, Alconétar y Nuevo Mesón-- han sido denunciados por los vecinos, que consideran responsables a estos locales por haber permitido que las bebidas y comidas que se expendían en sus negocios fueran consumidas en esta plaza, que es propiedad privada, "con las consiguientes molestias, suciedad y desperfectos en los elementos comunes".

EL EXPEDIENTE Fernández Simón indicó que el consistorio incoó expediente sancionador y que "ya está en propuesta de resolución por parte del ayuntamiento una multa de 9.015 euros para cada uno de los locales". Sobre esta decisión cabe recurso. Parra confirmó este extremo y dijo que la actividad de estos locales no sólo vulneraba la ley de ocio sino también el artículo 12.2 de la ordenanza municipal, que prohíbe este tipo de actuaciones en la vía pública.

Pero además de las consecuencias estrictamente legales, la postura del Tribunal Constitucional generó ayer diversas opiniones políticas y vecinales. Santos Parra la consideró muy positiva en cuento que garantizaba el descanso vecinal. No obstante, el edil dijo que hay que buscar alternativas para los jóvenes y aprovechó para afirmar que "la ley de ocio de la Junta está mal hecha y como consecuencia de la prisa y la inoperancia con la que se hizo, el alcalde va hoy al juzgado a declarar por el tema del recinto hípico".

El presidente de la Agrupación Vecinal, Miguel Salazar, dijo por su parte que la sentencia del TC supone un importante paso en la lucha vecinal para acabar con las molestias.