La primera de las expropiaciones realizadas por el ayuntamiento, concretamente un expediente sobre unos terrenos del parque del Príncipe que se tramitó en 1997, provocó el alto coste del resto. Así lo recoge un borrador elaborado por el presidente de la comisión especial de Expropiaciones, Valentín Pachecho, que incluye los trabajos, comparecencias e informes que se han visto a lo largo de todas las sesiones celebradas de esta comisión, incluyendo en su parte final una serie de conclusiones objetivas con el fin de buscar el consenso con todos los integrantes de la comisión y que, de esta manera, esas conclusiones reflejen la opinión conjunta de todos los representantes.

El borrador, al que ha tenido acceso este diario, expone que la falta de mecanismos legales de gestión y obtención de terrenos en los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de 1961, 1984 y 1999 «hipotecaron fuertemente» la economía municipal hasta nuestros días, al ser, entonces, las vías de la expropiación o la ocupación directa las únicas posibles y con la particularidad de que éstas podían iniciarse a instancias de parte, como ocurrió en la mayoría de los casos. Concretamente, se analiza la decisión unánime que se tomó en 1997, relativa al primer expediente de expropiación de unos terrenos del parque del Príncipe, de ir a un arbitraje en cuanto a precios con la Gerencia de Urbanismo de Madrid. Se argumenta que la valoración que se realizó de los terrenos expropiados afectados por ese expediente «arrastró» al resto de parcelas que se expropiaron en el parque del Príncipe en lo referido a la «cuantificación». En ese sentido, el borrador recoge que la aprobación del Plan General Municipal de 2010, el cual estableció fórmulas alternativas como la compensación para la obtención de terrenos, se considera por todos los grupos políticos como una decisión «acertada», que debería haberse tomado mucho antes.

No obstante, a pesar de las deficiencias de los PGOU anteriores, que provocaron un alto coste para el ayuntamiento debido a las expropiaciones realizadas, la apuesta desde el PGOU de 1961 por una ciudad en la que imperaran las zonas verdes y los espacios libres ha permitido que Cáceres sea una urbe medioambientalmente sostenible y con ratios de zonas verdes, por ejemplo, superiores a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, reza el informe.