Probablemente en menos de cinco meses, los acusados en el caso La Madrila deberán enfrentarse finalmente al juicio. En estos más de cinco años que han pasado desde que comenzó la instrucción, los abogados de los acusados han tenido tiempo suficiente para plantear la defensa aunque es ahora cuando están presentando estos escritos de conclusiones. Las alegaciones a las que podrán referirse los diferentes letrados, ya que son once personas por regentar los locales denunciados durante el periodo enjuiciado y dos políticos, la exalcaldesa de Cáceres Carmen Heras y su exconcejal de Seguridad Ciudadana Carlos Jurado, son muy numerosas. Sin embargo, tal y como explica a este periódico uno de los abogados del caso, Angel Luis Aparicio, existen ciertas generalidades que se verán repetidas.

Dentro de esto, estima que lo principal y donde además estará la clave del caso será en si se declarará nulo o no el informe de medición de ruidos que realizó el Seprona en 2009 y que se presentó con la querella. Según recalca, el mismo "no cumplía los requisitos que deben cumplirse a la hora de cómo hacer unas mediciones de este tipo". A esto, señala que posteriormente se realizaron otras mediciones, en 2012, de la mano de la Junta de Extremadura con peritos y empresas privadas, que resultan favorables para la defensa. "El Seprona lo hizo fuera de los locales, añadiendo el ruido de las calles, en pleno mes de diciembre, cuando mucha gente estaba celebrando las fiestas navideñas".

De esta manera, en las principales alegaciones que se verán durante la celebración del tan esperado juicio, la fundamental será "la impugnación de este informe". Igualmente, tal y como reseña Aparicio, en líneas generales también encontraremos el desconocimiento de estar cometiendo un delito por parte de los propietarios de los locales. Sobre esto, detalla que para cometer un delito, la persona debe ser consciente de estar cometiéndolo, algo que considera que no ocurrió en este caso. En relación a lo mismo, alegarán que existía una falta de control por parte de la administración competente, a lo que explica que, al no tomar medidas la administración, nadie informó a los denunciados de que podrían estar vulnerando la ley lo cual no les permitió conocer su delito. "Esa falta de control ha existido siempre", apostilla, a lo que añade que "al menos" con este caso y alguno que otro de similares características que se ha producido en estos años en España "se ha conseguido ya que todo el mundo se ponga las pilas y se hagan cumplir" las normativas contra el ruido. Según expresa, la problemática existía pero no se estaban tomando cartas en el asunto y el culpable no ha sido una persona o personas en concreto.

Además, los abogados defensores también podrán acogerse a la prescripción del delito que era de tres años. Con estas y otras alegaciones que se presentarán en las conclusiones de las defensas, el letrado confía en que la gran mayoría de los acusados salgan absueltos aunque para saberlo aún tendrá que esperar algunos meses más