Desde enero de este año, no existe en Cáceres ninguna entidad que desarrolle el servicio encargado de que los menores que han cometido alguna falta o delito, ejecuten realmente las medidas judiciales que se establecen en las sentencias, ya sea libertad vigilada, trabajos en beneficio de la comunidad u otras. Y no existe porque el concurso ha quedado desierto. Los funcionarios de los Equipos de Reforma de Menores de la Junta de Extremadura se están encargando de los casos más urgentes, pero a día de hoy, según han comunicado a este diario fuentes cercanas al servicio, no se han empezado a ejecutar muchas de las sentencias sobre menores que han decretado los jueces desde principios de año (unas 40), ni se han seguido buena parte de los 100 expedientes procedentes del pasado año, es decir, casos de menores que ya estaban cumpliendo las medidas impuestas.

La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura confirmó ayer a este diario que el concurso ha quedado desierto y que no volverá a convocarlo, porque ha decidido «renunciar a la externalización» de estos cometidos. De hecho, ha resuelto asumirlo con personal propio, «por responsabilidad», de modo que «se van a contratar en los próximos días los técnicos necesarios para mantener este servicio público», afirma la consejería.

EL PROCESO / Cuando los juzgados de menores dictan una sentencia por un delito o falta cometida por un joven de 14 a 18 años, la Junta de Extremadura es la responsable de que se ejecuten esas medidas judiciales no privativas de libertad, que se desarrollan en el entorno del infractor, en un medio abierto. Los denominados Equipos de Reforma de Menores, de la Junta, reciben esa sentencia y la trasladan a una entidad sin ánimo de lucro en Cáceres (existe otra en Badajoz), responsable de hacer el seguimiento de las medidas establecidas y de apoyar al menor, acercándole los recursos disponibles. Traza un programa individualizado para cada joven, acorde con las medidas, con el juez y con los recursos sociales del entorno. En definitiva, estas entidades desarrollan el denominado ‘Servicio para la Ejecución de Medidas Judiciales no Privativas de Libertad de Menores Infractores’, y lo hacen tras ganar un concurso público. Eso sí, siempre supervisadas por los técnicos de la Junta. Durante quince años siempre se ha encargado Cruz Roja, pero desde 2015 debe licitarse.

Pues bien, en el caso de la provincia de Cáceres, la firma Adis Meridianos ganó el primer concurso por 1 año más otro de prórroga (hasta el 31 de diciembre de 2017). Por ello, el pasado año volvió a licitarse por un importe de 168.814 euros. Con fecha 17 de noviembre de 2017, la mesa de contratación propuso la oferta del Centro Rural Joven Vida (Cerujovi) como la económicamente más ventajosa (144.999 euros). Sin embargo, el 22 de enero de 2018, cuando el servicio ya debería estar funcionando con su nueva concesionaria, dicha firma presentó escrito de renuncia a la adjudicación del expediente.

Solo cuatro días más tarde se requirió a la entidad Asistencia, Organización y Servicios (AOSSA), que había planteado la siguiente oferta más ventajosa, pero el 6 de febrero se le tuvo que excluir al no presentar la documentación exigida, momento en que la consejería requirió a la tercera firma, la Asociación Nacional de Emprendedores del Medio Rural (Anemur), por ser la siguiente más ventajosa. Pero el 21 de febrero este colectivo también quedó excluido por no acreditar la solvencia técnica y profesional exigida en el contrato.

NINGUNA DE LAS OFERTAS / Automáticamente se pidió la documentación de la cuarta entidad resultante del baremo de la mesa de contratación, la Asociación para el Desarrollo e Integración Social (Adis Meridianos). Sin embargo, el 28 de febrero, dicha organización presentó un escrito retirando su oferta. Llegado a este punto, y sin más ofertas encima de la mesa, el concurso se declaró desierto el 5 de marzo del 2018. Las fuentes consultadas por este periódico indican que las aspirantes veían dificultades a la hora de trazar un proyecto viable dada la baja cuantía del concurso. Aunque son entidades sin ánimo de lucro, deben cubrir los salarios de sus empleados y otros gastos.

Por tanto, desde enero de este año no existe en la provincia de Cáceres una organización que se encargue de desarrollar el servicio que hace el seguimiento de las medidas impuestas a los menores, entre ellas la libertad vigilada, las prestaciones de servicios a beneficio de la comunidad, las tareas socioeducativas, los tratamientos ambulatorios (generalmente tratamientos de salud mental) o las medidas cautelares decretadas por los juzgados de menores hasta que se resuelven los juicios y las sentencias.

Por ejemplo, los menores de 16 años deben acudir a sus clases de formación reglada, los mayores de 16 años han de asistir a sus cursos formativos con perfiles laborales, otros tienen que realizar prestaciones sociales como por ejemplo ayudar a organizaciones no gubernamentales y benéficas.

A falta de una entidad encargada de supervisar estos cumplimientos, los técnicos de la Junta se están encargando directamente de los casos más urgentes (cometidos que entran también en sus funciones), «pero desde enero ya se han dictado unas 40 sentencias a menores y muchas no han empezado a cumplirse, cuando la ley tiene una regulación y unos plazos» afirman fuentes próximas a dicho servicio.

De hecho, cada año se trabaja en la provincia de Cáceres con unos 300 jóvenes que deben acatar sentencias. Parece ser que el juzgado ha enviado escritos advirtiendo de que la situación no puede demorarse, ya que existen menores infractores que no están cumpliendo las medidas decretadas.