El ayuntamiento está dispuesto a buscar una cobertura legal a los aparcacoches y atajar así la intimidación a la que en ocasiones someten los gorrillas a los vecinos. No es la primera vez que el equipo de gobierno de José María Saponi plantea una iniciativa de este tipo, pero nunca ha llegado a buen término. Ahora es el concejal de Tráfico y Seguridad Ciudada, Santos Parra, quien quiere retomar el asunto.
El edil aseguró que la legalización "no sería mala idea", pero matizó que habría que "estudiarla muy bien" para no caer en una "competencia desleal" con los aparcamientos públicos de la ciudad y para evitar que la nueva normativa diera cobijo a presuntos delincuentes.
En este sentido, Parra consideró que una buena fórmula sería la creación de una asociación formada por desempleados para que se encargara de gestionar esta actividad. El concejal reconoció que la proliferación de los gorrillas era una de sus preocupaciones e informó de que ya el ayuntamiento había contactado con jueces y fiscales, pero que resultaba difícil una penalización sin que mediara una denuncia ciudadana.
La policía local es hasta el momento la encargada de disuadir a estas personas. Generalmente establece patrullas por los lugares frecuentados por los aparcacoches: plaza de la Concepción, San Juan, plaza Mayor o el hospital San Pedro de Alcántara.
EL PRECIO Parra comentó que los gorrillas suelen pedir 1 euro en las inmediaciones de la residencia sanitaria, pero que en las zonas cercanas al parador de Turismo suben la tarifa hasta 5 o 10 euros. "Hay gente --subrayó el edil-- que prefiere darles el dinero antes de que le hagan un arañazo en el coche".
