Por dos delitos de estafa y un delito de alzamiento de bienes será juzgado a principios del mes de septiembre por la Audiencia Provincial de Cáceres un promotor de viviendas cacereño.

El Ministerio Fiscal, en su escrito de conclusiones provisionales, considera a R. M. G. responsable de los tres delitos antes citados y pide por ellos para este promotor una pena total de cuatro años de prisión y multa de ocho meses a razón de 10 euros de cuota diaria. Además, solicita que se le imponga también el pago de dos indemnizaciones de 35.435 euros (5.896.044 pesetas) y 18.110 euros (3.013.275 pesetas), respectivamente.

Junto a R. M. G., principal inculpado en esta causa, serán juzgados, como coautores de un delito de insolvencia punible, otras nueve personas (seis hombres y tres mujeres). Para cada una de ellas pide el Ministerio Fiscal dos meses de arresto mayor.

LOS HECHOS

Los hechos por los que este promotor de viviendas y sus nueve socios serán juzgados por la Audiencia, en un juicio que durará, en principio, tres días (las vistas orales están señaladas para los días 1, 2 y 3 del próximo mes de septiembre), se remontan al año 1992. En este año R. M. G. constituyó dos sociedades, ambas con el mismo objeto social, la actividad inmobiliaria en general, y los mismos socios --los otros encausados--.

R. M. G., como administrador de una de estas dos sociedades, realizó en Cáceres dos promociones de viviendas en la zona de Los Fratres: los edificios El Carmen y La Escala, y fue en la realización de estas promociones donde supuestamente cometió los delitos por los que será juzgado.

Por una parte, el acusado contrató con A. O. B. la instalación en las viviendas del sistema de calefacción y aire acondicionado, generando a favor de éste una deuda de 5.895.044 pesetas que se documentaron en letras de cambio que el banco devolvió por inexistencia de fondos. Por otra parte, en 1994 vendió a J. M. C. M., por 29 millones de pesetas, una vivienda en el edificio El Carmen que incluía una terraza de 30 metros cuadrados "que el acusado aseguró al comprador le correspondía en propiedad". Pero la terraza "era un elemento común del edificio y de imposible venta, lo que provocó que J. M. C. fuera obligado a su demolición", lo que le supuso un coste de 18.110 euros (3.013.275 pesetas).

Durante el año 1995, en plena promoción de viviendas "y habiendo empezado a surgir problemas derivados de la propia construcción", R. M. G. decidió hacer desaparecer sus sociedades y constituir, junto a tres hijos, una tercera sociedad, para la que fue adquiriendo participaciones de sus socios, los que ahora serán procesados con él.

Ante esto, "ninguna reclamación de las muchas que se produjeron con posterioridad pudo hacerse efectiva contra la sociedad constructora, pues la misma había resultado descapitalizada a lo largo de todo el año 1995 y devenido, por esta causa, totalmente insolvente", concluye en su escrito de conclusiones provisionales el Ministerio Fiscal.