Los jueces han vuelto a dar la razón a una comunidad de propietarios que demandó a la promotora de sus viviendas en el R-66 por los múltiples defectos que padecían y se les tendrá que indemnizar con algo más de un millón y medio de euros, tanto por las deficiencias como por el coste del desalojo de los pisos durante el tiempo que duren las obras de reparación.

Así lo ha dictaminado la Audiencia Provincial en un auto del 1 de octubre en el que confirma una resolución previa del Juzgado de Primara Instancia número 1 acordando la ejecución de las indemnizaciones a los demandantes.

El pleito, iniciado en julio del 2002, se refiere al edificio Parque del Príncipe, en el 5-7 de la avenida Díaz de Bustamante y número 1 de la calle Isla Cerdeña, en el R-66, que promovió la empresa Donkasa Centro y fue construido por Noriega S.A. El inmueble cuenta con 33 viviendas, pero 5 vecinos declinaron participar en la demanda. En la sentencia del juzgado número 1, además de a la promotora, se condena también a Noriega, al arquitecto y al aparejador a hacer frente a parte de las indemnizaciones.

Los propietarios, defendidos por el abogado Braulio Caldera, demandaron a la promotora Donkasa por la larga lista de deficiencias que acumulaba su edificio: anomalías en la calefacción por falta de presión, humedades, mala instalación del parquet, medidas inadecuadas de los garajes, defectos en la carpintería metálica y modificación de los revestimientos en los portales, ya que en el proyecto contemplaba que sería de mármol y finalmente se colocó un material inferior. Muchas de las deficiencias del edificio han tenido que ser en parte subsanadas en estos años por los vecinos.

El fallo judicial en esta causa contempla como novedad el pago del coste del desalojo. Los jueces estiman "ilógico" que los propietarios tengan que adelantar unas cantidades tan elevadas para sufragar hoteles, mudanzas y guardamuebles. De ahí que se haya fijado en 359.000 euros estos gastos por los supuestos 90 días que durarían las mejoras.

SE BUSCAN BIENES A EMBARGAR De momento los propietarios no han visto dinero alguno. Desde que se hizo firme el auto de ejecución de sentencia, los representantes legales de la comunidad de propietarios están trabajando para averiguar los bienes de los que dispone la empresa para proceder a su embargo y garantizar así el cobro de las indemnizaciones. Ya se han solicitado los embargos de una participación en una finca rústica de Badajoz y cheques bancarios.

La promotora ha demandado por su parte a la constructora y los técnicos por estas mismas deficiencias y está pendiente de la resolución judicial.