Pronorba cuantifica en 5,2 millones de euros el coste de urbanizar las 28 hectáreas del terreno donde se planifica el residencial Sierra de San Pedro, que ocupa lo que queda del poblado minero. Es una intervención proyectada hace más de una década, afectada por un proceso contencioso que tardó tres años en resolverse y que ahora, cuando entra en su recta final, vuelve a ser polémica por un doble motivo: patrimonial, por su incidencia en el poblado, y urbanístico, por el incremento de la reserva de vivienda de protección oficial.
La primera causa provocará la presentación de alegaciones, lo que retrasará, aún más, la aprobación definitiva de los proyectos para la ejecución del residencial. Con las alegaciones se demandará la conservación de edificaciones y de la trama urbana que conforman las casas que quedan en el poblado, reclamación que refrenda el nuevo plan general municipal de urbanismo, que sólo tiene aprobación inicial, pero que estima aconsejable que se estudie la recuperación del núcleo de las viviendas de los obreros antes de la aprobación final de los proyectos.
Esos proyectos (de urbanización, reparcelación, detalle de la ordenación de manzanas y viales...) están en fase de exposición pública y ahora es el momento procesal para alegar. Esas reclamaciones no afectarían a la globalidad de la intervención, que ocupa 28,5 hectáreas, sino que se centran en lo que ocurrirá con lo que queda de las edificaciones y la trama del poblado.
La actuación está promovida por Pronorba, que en el proyecto de reparcelación aparece con la propiedad del 91,9% del terreno, el 8,02% restante es de un particular (Isabel Mogollón). Tras las cesiones obligatorias, el consistorio entra en la propiedad con el 10% de la edificabilidad residencial, que se reparte entre dos de las veintiuna parcelas residenciales en las que se divide la nueva urbanización (otras 18,5 se asignan a Pronorba y parte de la parcela de mayor tamaño queda para Isabel Mogollón Higuero).
COSTE El coste de la urbanización (viales, acerados, calzadas, explanar el terreno, redes de saneamiento, suministro de agua...) lo asume Pronorba, que en el proyecto de reparcelación lo ha valorado en 5,2 millones.
La intervención, en lo que se refiere a viviendas proyectadas, se divide en dos partes muy diferenciadas, según se especifica en el estudio de detalle de ordenación de viales y parcelas. La mayor, de 6,5 hectáreas y con una edificabilidad de 209.638 metros cuadrados, cuenta con catorce manzanas para bloques de pisos. Aunque en el estudio se alude a la edificabilidad (metros cuadrados construidos), aquí se podrían hacer unos dos mil pisos.
La otra parte, que es motivo de polémica, se distribuye en siete manzanas que ocuparían la actual trama urbana y casas del poblado. Son 13.885 metros cuadrados (aproximadamente el tamaño de dos campos de fútbol) y la edificabilidad es de 16.662 metros cuadrados. En el estudio de detalle se reserva esta zona, que se denomina de remodelación, para unifamiliares con un uso residencial que también admite otras utilidades, como oficinas y espacios verdes públicos y privados. Con la edificabilidad prevista se podrían hacer alrededor de un centenar de unifamiliares.
Para defender la conservación del poblado minero y su puesta en valor se está promoviendo la creación de una plataforma ciudadana constituida por particulares y colectivos. Una de las asociaciones que participa es Adenex. "El poblado minero es un patrimonio arquitectónico, urbanístico y cultural que Cáceres no puede perder, especialmente si aspira a ser capital cultural europea, un título que no mere-
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