El ferial y todos los terrenos que le rodean, principalmente hacia el este, forman parte de una de las mayores operaciones que se podrán desarrollar cuando se apruebe definitivamente el nuevo Plan General Municipal (PGM) de urbanismo. De hecho el nuevo plan iniciado en 2002 surge de esta operación. Salvo el actual ferial, que es del ayuntamiento, el resto del suelo está en manos privadas y un colectivo reúne a dueños de este terreno. Es la asociación de propietarios del antiguo campo de aviación, quienes en las alegaciones presentadas al plan se oponen a costear la urbanización de las 57 hectáreas que se destinan a equipamientos. De toda esta actuación, que incluye la posibilidad de desarrollar más de 6.000 pisos, depende el centro de ocio, el pabellón de muestras y habilitar un nuevo ferial.

El plan permitirá cuando se apruebe que suelo que ahora es no urbanizable tenga un aprovechamiento, del que por un lado se beneficiarán los propietarios particulares dueños del terreno (a través de la edificabilidad residencial --viviendas-- y terciaria --comercial principalmente--), y por otro el ayuntamiento al obtener, entre otras, cesiones de terreno para equipamientos públicos que se sumarían al suelo que es de propiedad municipal y que se encuentra en esta zona de actuación urbanística.

Todo este terreno se tiene que urbanizar (las nuevas calles, acerados, las redes de servicios...). Su coste lo asumen todos los propietarios del suelo (públicos y privados) que se beneficien de los nuevos aprovechamientos del terreno. La intervención en el ferial se iba a desarrollar en un único sector, pero en su nueva redacción, que se aprobó en abril, se dividió en dos con varias modificaciones de su ámbito y tamaño. A uno de estos sectores, que tiene una superficie bruta de 146 hectáreas, se han adscrito la mayoría de las cesiones para equipamientos de las que depende el nuevo ferial.

En la alegación se considera excesivo que con cargo a los propietarios del suelo se tenga que financiar la urbanización del terreno donde se desarrollará toda la nueva zona de recreo de Cáceres. Se estima que va más allá de la obligación de la Ley del Suelo de asegurar que los nuevos espacios que se urbanicen estén conectados con las redes generales de servicios y otras dotaciones.

Basan su petición en sentencias judiciales y defienden que el coste de la urbanización de estas 57 hectáreas para equipamientos debe pagarlo la administración local, que entonces se encontraría con un terreno en bruto a ordenar y al que debería dotar de calles y de servicios.

El consistorio ya se ha enfrentado con un caso parecido en el poblado minero. A pesar de que el plan de urbanismo estableció que determinados costes de urbanización los afrontaría la propiedad del suelo, se recurrió y finalmente, tras una decisión judicial, se determinó que su financiación correspondía al ayuntamiento, que tuvo que dotar de financiación, entre otras, a la rehabilitación del edificio Embarcadero, que aún no está abierto, y a la prolongación de la avenida de la Constitución con la realización de un paso bajo la vía, una obra que está todavía sin terminar y que se ha encontrado con problemas de financiación.

Hay otra cuestión destacable que aparece recogida en la alegación, en la que se pide que la zona de seguridad de las instalaciones militares de la base de Santa Ana se vea afectada en el supuesto de que se inicie el desarrollo de terrenos de Defensa que lindan con el sector de la ampliación del ferial y las nuevas áreas residenciales. Este desarrollo depende del protocolo que en diciembre firmaron Junta, ministerio y ayuntamiento.

La zona de seguridad próxima a las propiedades de Defensa es de trescientos metros de ancho. Además hay otra área de protección lejana. Ambas condicionan las utilidades de los terrenos colindantes y las alturas de las edificaciones que se proyecten.