Representantes de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex) se concentraron ayer ante la Oficina de Extranjería de la Subdelegación de Gobierno en Cáceres para protestar por las últimas expulsiones de inmigrantes ordenadas. "Es impresentable que las últimas actuaciones en materia de inmigración que tome el subdelegado del Gobierno en funciones, José Diego Santos, consistan en la expulsión de dos inmigrantes, que aunque ajustadas a ley son absolutamente injustas", señaló Rubén Tejedor, portavoz del colectivo.
Para Adhex, la adopción de esta "medida extrema" por parte de un subdelegado en funciones es "tremenda", teniendo en cuenta, además, que aunque la Ley de Extranjería "es muy restrictiva", contempla también aspectos como la reinserción social y laboral de los inmigrantes en nuestro país "que en estos casos no se han tenido en cuenta".
LOS CASOS Uno de los inmigrantes cuya expulsión estaba prevista para el mediodía de ayer es un ecuatoriano que, junto a su mujer y sus tres hijos menores --los tres perfectamente escolarizados--, llevaba tres años en la ciudad intentando regularizar su situación.
Sobre este caso, Tejedor criticó que durante tres años no se le haya regularizado su situación administrativa y en cambio, en solo tres días, se haya hecho efectiva su expulsión del país, "dejando a su familia en una situación de absoluto desamparo, desprotección y precariedad".
El segundo caso es el de un inmigrante, con sus papeles en regla, pero que no ha podido renovarlos por encontrarse en prisión. "Tenía derecho a una tercera renovación de su estancia regular en España, pero no ha podido hacerla efectiva, por lo que la próxima semana, cuando salga ya en libertad, le estarán esperando para deportarle".
