El Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) publicó el 6 de noviembre el cierre temporal de la hoja registral de Provivesa por su baja en el índice de entidades jurídicas con fecha de 15 de octubre. El cierre y la baja de Procasa, empresa participada por Provivesa, es su único accionista, según la información registral, también se publicó el día 6. La anterior anotación de Provivesa en el Borme es de 2011, en la que se informó del cese de cargos, en concreto de Eugenio Vega, quien fue director general de Provivesa, y de Yolanda Vega. Las cuentas del 2008 son las últimas que se habrían depositado. Provivesa, cuyo objeto social es la promoción y la realización de obras de construcción, estaría cerrada a efectos registrales.
Según recoge la ley del impuesto de Sociedades, la Agencia Tributaria puede dictar acuerdo de baja provisional en el índice de entidades cuando los débitos tributarios sean fallidos o cuando la entidad no hubiere presentado declaración por el impuesto correspondiente a tres periodos impositivos consecutivos. El acuerdo de baja provisional no exime a la entidad afectada de ninguna de las obligaciones tributarias que le pudieran incumbir, según la citada legislación.
Sobre la responsabilidad civil exigible a los agentes que intervienen en los procesos de construcción, la ley de Ordenación de la Edificación establece que las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán "durante diez años de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, soportes, vigas, forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales". La responsabilidad se tendrá que asumir durante 3 años por "los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad".
Sobre la empresa Provivesa pesan al menos dos sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Cáceres, ambas son del 2010, que desestiman los recursos interpuestos por esta empresa contra resoluciones de juzgados de instrucción que la condenaban a devolver 85.536 euros a 24 compradores de pisos y a realizar obras de reparación en un edificio a consecuencia de la demanda interpuesta por una comunidad de propietarios.
También hay una sentencia del TSJEx que desestima el recurso interpuesto por la empresa contra una resolución del ayuntamiento que acordó resolver el contrato de adjudicación de una parcela, que el consistorio sacó a concurso en 2008 en Casa Plata, y otra resolución de un juzgado de Mérida que estima una demanda interpuesta por la sociedad pública Gisvesa contra Provivesa para resolver la adjudicación de una parcela a la empresa en el poblado minero.
