Los concejales de los grupos del PSOE y CIs en el ayuntamiento frenaron ayer con sus doce votos el plan de pago de sentencias y a proveedores que el gobierno (PP) quería aprobar en el pleno local. Según explicaron, el motivo fue que no contaban con la información suficiente. "No podemos votar con una venda en los ojos", detalló el portavoz de CIs, Cayetano Polo. "No estamos en disposición de votar cuando no tenemos información", aclaró la edil del PSOE, María Angeles Costa.

El gobierno local llevaba ayer al pleno para su votación una solicitud al Ministerio de Hacienda para que anticipase al consistorio 6.693.160 euros para pagar deuda a los proveedores, la mayor parte del débito es con empresas que tienen la concesión de servicios públicos, y cumplir con el abono de sentencias. La operación era un cambio de deuda por deuda. Es decir, el consistorio lograba liquidez al obtener los 6,6 millones de Hacienda, pagaba a los proveedores y las sentencias y reducía el periodo medio de pago, que no puede superar los 30 días. En abril estaba obligado a presentar un plan de ajuste y en junio a la contratación de un crédito para devolver a Hacienda el anticipo (posiblemente en un plazo de 10 años, periodo fijado en otras operaciones realizadas con el fondo de financiación de entidades locales).

De los 6.693.160 euros, más de la mitad, 3.454.249, se destinaban a pagar deuda a tres empresas: Subus, que tiene la concesión de los autobuses urbanos, Conyser, que se encarga de gestionar la limpieza viaria y recogida de basura, y Gespesa, empresa pública que da el servicio de eliminación de residuos en el ecoparque, aunque gran parte de la deuda con Gespesa es por la sentencia que obliga al consistorio a devolverle 431.027 euros del impuesto de obras por la construcción del ecoparque.

Lo ocurrido en la comisión de Hacienda de la pasada semana, en la que la petición del anticipo solo se dictaminó con los votos del PP, y las declaraciones realizadas esta semana por Cayetano Polo, quejándose de que no se daba información a la oposición, ya adelantaba lo que pasó ayer.

La corporación municipal está formada por 25 concejales, el gobierno local, del Partido Popular, tiene 11, el grupo socialista dispone de ocho, en CIs son 4 y CáceresTú cuenta con dos. Fue Polo el que pidió que el expediente se dejase sobre la mesa para poder disponer su grupo de más información y para su estudio, ya que si no era así votarían en contra. Tras el debate y antes de proceder a la votación del expediente, se tuvo que decidir sobre si se dejaba sobre la mesa. PSOE y Ciudadanos (12 ediles) votaron a favor de aplazar la decisión. El PP (11) se opuso. Y CáceresTú (2) se abstuvo.

El ayuntamiento tiene de plazo hasta el 15 de octubre para la solicitud del anticipo a Hacienda. Hasta antes de esa fecha se puede formalizar ante el ministerio. Pero no habrá otro pleno para volver a debatir este asunto. La alcaldesa, Elena Nevado, lo dijo una vez que la mayoría de los votos del PSOE y CIs obligasen a dejar el expediente sobre la mesa, donde se queda "de manera definitiva", aseguró la regidora.

El portavoz del gobierno local, Rafael Mateos, hizo la misma valoración tras el pleno. "No hay plazo, además el dictamen que se ha llevado hoy --por ayer-- al pleno sería el mismo" que se presentaría en una nueva sesión si ésta se convocase para celebrarse antes del día 15.

"Ahora tendremos que sentarnos los miembros del gobierno y ver las opciones y la disponibilidad de la tesorería" para buscar otras fórmulas con las que atender el pago de esta deuda, precisó Mateos, que añadió que tras lo sucedido ayer "los proveedores --del plan de pago-- ya no cobrarán este mes". La consecuencia es que las obligaciones de pago tardarán más en abonarse y que el incumplimiento del plazo de 30 días "limita las posibilidades del consistorio de acudir a ayudas públicas", agregó Mateos.

Durante la primera intervención en el pleno, la portavoz de CáceresTú, Consuelo López, ya se quejaba de que no se había recibido del gobierno la explicación de lo que supone pedir el anticipo al ministerio y de la implicación de un plan de ajuste. "¿Supondrá que habrá recortes", preguntó sobre el plan.

Polo lamentó que la información que había pedido sobre la situación de la tesorería "nos ha llegado 5 minutos antes de iniciarse el pleno", además insistió en que hay varias cuestiones sobre las que el gobierno no daba respuesta, como la capacidad de endeudamiento o cómo atender el pago de otros 4 millones pendientes de abono, y sin las que carecían de la información suficiente para votar ayer.

Costa afirmó que de los apuntes con el motivo y las cantidades a pagar a cada proveedor se derivan preguntas a las que el gobierno no daba una explicación, "queremos que esté claro", apostilló.

Mateos subrayó que ayer no se debatía la fiscalización de las facturas, sino conseguir liquidez para "pagar lo que se debe", además afirmó que en el plan de ajuste no se contemplarían recortes.

En los últimos ejercicios, el ayuntamiento ha ido reduciendo su deuda por obligaciones pendientes de pago y con aplicación presupuestaria --en el gráfico--, pero el remanente de tesorería para gastos generales, uno de los indicadores de la situación financiera municipal, ha seguido en números rojos.

Las diferencias que hubo en el pleno no se produjeron unas horas antes en la comisión de Economía, cuando por unanimidad se dictaminó a favor de dejar el tipo impositivo del IBI en el 0,75% para evitar que el recibo suba en 2016.