El grupo municipal socialista ha reclamado al gobierno la rescisión del contrato de concesión del servicio público de matadero. La petición, que se presentó en el registro del ayuntamiento, se apoya en el informe de la secretaría general del consistorio, documento que forma parte del expediente de prohibición a la empresa Agrupación Cacereña de Industriales de la Carne para contratar con la administración. Esta sociedad es la gestora del matadero desde marzo de 2001.
“Es obvio que hay que rescindir” y sin embargo el contrato se sigue manteniendo, apuntó la concejala socialista Belén Fernández, que recordó que en el informe de la secretaría general del ayuntamiento se concluye que la declaración de prohibición de contratar con la administración “conllevará la instrucción del oportuno expediente de resolución del contrato”.
El acuerdo de la declaración de prohibición de contratar se tomó por el pleno de la corporación municipal el pasado mes de julio una vez que quedó constatado que la sociedad no se hallaba al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
El contrato se firmó con la Agrupación Cacereña de Industriales de la Carne en marzo de 2001. Su periodo de vigencia era de quince años y estaba permitida una prórroga que no podía exceder de los seis meses. Pero ese plazo se cumplió y sin embargo en marzo de 2016 se acordó en una resolución de la alcaldía mantener la relación hasta que un nuevo contratista se hiciese cargo de la explotación del matadero. Esta decisión se fundamentó en la normativa de servicios de las corporaciones locales que permite que una empresa pueda seguir realizando las prestaciones de la concesión hasta que se resuelve sobre la continuidad del servicio.
Pero este año se tomaron tres decisiones que inciden en este expediente. La primera fue en febrero, cuando se aprobó la supresión del servicio público de matadero (esto no supone que el ayuntamiento se desentienda, ya que el edificio del matadero es un bien municipal de dominio público, sino que cambia el modelo de explotación, ya no sería una gestión indirecta del servicio del matadero por una empresa, sino una concesión demanial en la que el ayuntamiento deja la instalación, tras la convocatoria de un concurso, a una empresa a cambio de un canon y de que acometa inversiones).
La segunda fue en marzo, cuando se convocó un concurso para una nueva adjudicación sin que la explotación del matadero fuese servicio público. De esta licitación se ha desistido en julio, tras el acuerdo tomado por los grupos de la oposición en el pleno de la corporación local.
La tercera fue en abril, cuando el ayuntamiento pidió a la Agrupación Cacereña de Industriales de la Carne los certificados que acreditasen que estaba al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. La empresa contestó en mayo que no estaba al corriente y unos días después se inició el expediente para la declaración de prohibición de contratar con la administración.
La situación actual es que el matadero lo gestiona una empresa que tiene prohibido contratar con la administración y lo hace con un contrato adjudicado cuando era servicio público, además ni a corto ni a medio plazo se va a resolver un concurso para que haya otro adjudicatario.
