El grupo socialista está dispuesto a llegar hasta los tribunales si el gobierno municipal no retira los presupuestos del 2004, que el pleno de la corporación aprobó inicialmente el lunes con el respaldo del PP. "Iremos a un contencioso", advirtió su portavoz, Carmen Heras, el miércoles durante el balance del ejercicio político del 2003. Veinticuatro horas antes de este anuncio, el grupo socialista había presentado en el registro municipal una reclamación administrativa solicitando la anulación del acuerdo que el pleno adoptó el lunes.

Heras explicó que tendrá que volver a reunirse el pleno de la corporación local para estudiar una reclamación que es "a la totalidad del presupuesto". En caso de que no se tome en consideración, el grupo socialista iniciaría un procedimiento contencioso. En la reclamación se desarrollan hasta cinco razonamientos para declarar nula la aprobación inicial del presupuesto. El incumplimiento de los trámites o la no aportación a la oposición de informes que se habían solicitado son argumentos que pasan a un segundo plano frente a las afirmaciones de que el presupuesto se aprobó sin documentación imprescindible y con unas previsiones de ingresos que son ficticias, lo que acabará provocando un déficit presupuestario.

En una de las cinco causas de impugnación se alude a la "omisión de documentos esenciales" que deben unirse a las cuentas, y se detallan: memoria explicativa del presupuesto, informes relativos a Gemaca, sociedad que está incursa en una causa legal de disolución y pendiente de la concertación de una operación de crédito, un informe económico-financiero de la alcaldía y un anexo de personal con la plantilla presupuestaria de la entidad local, en el que se relacionen y valoren los puestos de trabajo. También se menciona la falta de un programa de actuación y planes de las etapas de planeamiento urbanístico al que debe coordinarse el plan de inversiones del año 2004 y su financiación.

LEY PRESUPUESTARIA En la reclamación se hace una relación de la legislación que se incumple, empezando por la Constitución, por la negativa a dar a la oposición la documentación requerida, siguiendo por las normativas que más afectan al funcionamiento del consistorio (la ley de Bases del Régimen Local y la de Haciendas Locales) y terminando por la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y la Ley del Suelo de Extremadura.

En su valoración de los presupuestos, Heras también insistió en que la solución más adecuada para afrontar la deuda del consistorio es la elaboración de un plan de saneamiento, documento que calificó de "necesario".