Los once concejales del PSOE, el edil de IU y el independiente Felipe Vela impidieron ayer con sus votos la celebración del pleno convocado por el alcalde para ratificar su resolución que encomienda a Conyser que siga prestando la recogida de basura y la limpieza viaria. El rechazo obedece a las dudas sobre la legalidad de la resolución del alcalde.
Fue un resultado sin efectos prácticos, dado que Conyser seguirá al defender el gobierno municipal la legalidad de su decisión, pero que abre una crisis en la corporación, no sólo porque la votación fue en contra a pesar de que la tarde anterior PP y Vela alcanzaron un acuerdo que se rompió, sino porque la continuidad de la relación con Conyser se hace en contra del informe del secretario general del consistorio, y además Saponi volvió a invitar a la oposición a presentar una moción de censura.
Los ciudadanos no notarán los efectos de esta crisis política porque el servicio se sigue prestando, y esa es la motivación que resume la resolución dictada por Saponi el día 3 que encomienda a Conyser a que continúe, a pesar de que el contrato acabó el 31 de diciembre y es improrrogable, y a que ni siquiera por razones de interés público se podría mantener la pervivencia de un contrato "que se quiso y asumió como improrrogable", según se dice en el informe del secretario.
Pero es precisamente a ese interés general al que recurre el gobierno local para que Conyser continúe. El alcalde, José María Saponi, admitió ayer que no es posible la prórroga con el pliego que reguló el contrato que finalizó el día 31 y que hay informes contradictorios, y añadió que lo mismo que el del secretario general es contrario, la opinión del servicio de Intervención y del asesor técnico para las concesiones administrativas es distinta. "Son interpretaciones diferentes y lo que hace el gobierno es decidirse por una", dijo el alcalde.
El gobierno municipal recurre a las situaciones de excepcionalidad que permite la ley de base de régimen local porque en este sentido se posicionan los informes técnicos y de Intervención, y además Saponi explicó que el consistorio no se puede hacer cargo del servicio "por razón de operatividad" y porque "técnicamente es difícil, ya que se necesita un periodo de adaptación".
Todo esto hace que el gobierno considere que se da una situación de emergencia, que afecta a la seguridad pública si no se recoge la basura, y por tanto se ordena la prestación del servicio por Conyser sin tener que sujetarse a los requisitos formales legalmente establecidos (concurso, publicidad...), pero con un límite de seis meses, tiempo en el que se espera tener resuelto el concurso que se convocará para hacer una nueva concesión del servicio por otros quince años. Aunque Saponi no se refirió a ello directamente, fuentes municipales sí indicaron que la continuación no debe interpretarse como una prórroga del contrato firmado en 1991, sino "como un nuevo contrato de carácter temporal".
ACUERDO CON VELA Pero esa valoración no es compartida por la oposición, que suma trece votos por los doce del gobierno, y esto explica lo ocurrido ayer en el pleno. El alcalde convocó a la corporación para aprobar el pliego de condiciones de la nueva concesión, que sería por quince años con un proceso abierto a todas las empresas, y para ratificar, según lo que figura en el orden del día, su resolución. Pero al ser un pleno con caracter de urgencia había que votar esa urgencia, y la oposición votó en contra y no hubo sesión, con lo que el pliego podría volver al pleno el próximo día 19.
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