El concurso para adjudicar la gestión del agua durante 24 años pasó ayer un nuevo trámite. Salvo correcciones que no desvirtúan sustancialmente el contenido de los pliegos, la comisión de Economía y Contratación desestimó ayer las alegaciones presentadas. Una de las consecuencias de dicha decisión es que se blindaría la concesión del servicio frente a futuras subidas de la tasa del agua que no estén impuestas por fuerzas de causa mayor. Esto no evita la fuerte revisión que va a tener la tarifa el próximo año, en cuanto se adjudique el contrato, pero sí frena que en los cuatro años siguientes se produzcan futuros incrementos del tarifario del servicio.
En cuanto la nueva empresa empiece a trabajar, la tarifa subirá, el incremento puede estar en torno a un 50%. El motivo es que los costes de la nueva contrata son mayores y esto obliga a incrementar la tarifa, que es su principal fuente de financiación.
Pero a partir de ese momento se abre un plazo de cuatro años en el que la compañía que gestione el servicio no puede solicitar el mantenimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión. El primer recurso para restablecerlo es subir la tasa.
Salvo por razones de fuerza mayor, de interés público o por actuaciones del consistorio que rompan sustancialmente la economía de la concesión, la empresa no puede solicitar el mantenimiento del equilibrio financiero hasta pasado cuatro años.
Las alegaciones se han desestimado con los votos del PSOE y del PP. Su rechazo se ha sustentado en las consideraciones del servicio de Intervención. Entre las reclamaciones ha habido de dos tipos. Por un lado están las presentadas por Aqualia, empresa que gestiona el servicio en Badajoz, y por el grupo de IU.
Ambas coinciden en sus planteamientos con las consideraciones que en julio realizó la secretaría general del ayuntamiento, que ponía en duda, entre otras cuestiones, que se estableciese un límite a la empresa de cuatro años para pedir el mantenimiento del equilibrio financiero, calificando este límite de "no ajustado a derecho". También cuestionaba que en el pliego de las condiciones del contrato no se fijase de forma detallada la fórmula o el sistema de revisión de las tarifas. Según el pliego, las mismas se revisarán según proceda.
La decisión de los dos grupos políticos mayoritarios se ha apoyado en las consideraciones del servicio municipal de Intervención, que, no obstante, sí estima que la utilización de la expresión de que las tarifas se revisarán según proceda es vaga, por lo que debería se objeto de una concreción mayor. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de las alegaciones de Aqualia, considera que deben rechazarse, salvo correcciones, como que se especifique que todos los costes para la empresa que no aparezcan contemplados en el anteproyecto de explotación (exceso en el canon, mejoras en inversiones...) no son repercutibles en la tarifa, por lo que tienen que ser asumidos por la empresa y no se podrán exigir vía subvención del ayuntamiento.
QUEDARIAN SEIS DIAS Tras el dictamen de ayer, el acuerdo de la comisión tendrá que ser refrendado en el pleno que la corporación municipal celebra mañana, a continuación quedaría reiniciar el plazo de presentación de ofertas por las empresas interesadas, plazo del que quedan 6 días y que se reanudaría tras la publicación del acuerdo del pleno en los boletines oficiales de la provincia y del Estado.
Desde el gobierno municipal se indicó ayer que hay 6 empresas interesadas, aunque no se concretaron nombres. Hubo seis empresas --las que aparecen en el cuadro de la izquierda con sus logotipos-- que participaron en la visita de las instalaciones del servicio municipal del agua tras abrirse el concurso a mediados de agosto.
