Los dos grupos políticos mayoritarios en el ayuntamiento (PSOE y PP) cerraron ayer el acuerdo que permite sacar a concurso la nueva concesión para la gestión del ciclo integral del agua (abastecimiento y depuración). Los últimos cambios introducidos en el expediente de contratación han sido para amortiguar el impacto de la subida de la tasa. En el anteproyecto de la explotación del servicio, documento en el que se especifican los costes, se precisa que se necesita que los ingresos crezcan un 60% para hacer frente a todos los costes, ese aumento de ingresos sale de la tasa. En el anexo de las tarifas que se entregó el pasado viernes se fue incluso a una propuesta con incremento mayor (en torno al 70%). La intención de los dos grupos es que no se llegue a esos porcentajes y que el incremento de la tarifa esté en torno al 50%.

El porcentaje de subida definitivo no se determinará hasta la adjudicación del concurso, dado que vendrá marcado por la oferta que finalmente se elija. En este sentido fue el acuerdo que se tomó ayer en la comisión mixta, que ha estado analizando el expediente, para que se introduzca una variación en los criterios de adjudicación que aparecen en el pliego con las cláusulas administrativas del concurso.

La decisión que se tomó fue que entre los criterios de valoración de las ofertas se tendrán en cuenta los costes que presenten las empresas. Cada licitador, las compañías del sector de la concesión de los servicios del agua, tendrá libertad para realizar su oferta de costes. Pueden hacer propuestas que recorten los que aparecen en el anteproyecto de explotación, que incluye tres tipos de gastos: explotación, con 9,7 millones, la amortización de intereses y principal del canon, con 2,3 millones, y medio millón de la amortización de las inversiones a acometer con cargo al nuevo contrato del agua.

Las ofertas con costes más bajos obtendrían hasta diez puntos del total de cien que puede recibir cada licitador. Las empresas tienen que hacer sus propuestas de costes de variables tan distintas como el gasto de energía, las reparaciones y conservación, carburante y combustible, los reactivos, compra de agua, beneficio industrial, gastos financieros, la anualidad del canon o la amortización de las inversiones. Se pone un ´suelo´ para evitar que se presenten bajas temerarias, límite que finalmente quedará en un recorte máximo del 6% del coste total anual que se fija en el anteproyecto de explotación.

Por su parte, IU propuso ayer que, en vez de primar la presentación de las ofertas que reduzcan los costes previstos en el anteproyecto, se rebaje el cálculo de los nuevos precios para la tasa de agua y alcantarillado que se recogen en el tarifario.

Tras la comisión que se celebró ayer solo queda una última reunión para el dictamen de todo el expediente y de las actas y la celebración del pleno extraordinario, que podría ser el viernes.