El grupo socialista anunció en mayo que iba a impugnar la oferta pública de empleo del consistorio. El martes dio el primer paso y a la vía administrativa que se inició el pasado día 31 seguirá la judicial, con la remisión del caso a la fiscalía si el gobierno no revisa la convocatoria de las 22 plazas sacadas a concurso. El PSOE defiende la anulación del proceso, su revisión y que se devuelva a los opositores las cantidades satisfechas para presentarse al examen, tasas que el grupo municipal socialista considera que se están cobrando indebidamente y que al menos ya han abonado 500 opositores.

El argumento del PSOE es que no se puede cobrar una tasa que no aparece tipificada en la ordenanza fiscal y que los 18 euros que se recaudan a cada opositor es por la tasa correspondiente a la expedición del carné de funcionario, circunstancia que el PSOE considera ilógica ya que se exige su abono a unos opositores que sólo tienen una expectativa de acceder a la función pública, ya que antes deben superar la prueba a la que se presentan.

Los portavoces socialistas, Carmen Heras y Lorenzo de la Calle, advirtieron ayer de que recaudar esa tasa en concepto de derechos de examen implica un fraude y una exacción ilegal constitutivos de delito penal, que conllevaría penas de multa y de suspensión de cargo público por tiempo de seis meses a cuatro años. La denuncia del PSOE apunta directamente a Saponi, ya que las pruebas selectivas se convocan mediante resolución de la alcaldía.

El portavoz del gobierno, Andrés Nevado, recordó ayer que con anterioridad al año 1995, en referencia a la etapa de gobierno socialista, ya se cobraban tasas por la presentación a las plazas del ayuntamiento, aludió a un informe de los técnicos municipales en el que se estima que su cobro se ajusta a derecho y aseguró que la reclamación del grupo socialista se estudiará.

CAMBIAR LA ORDENANZA La denuncia del grupo socialista coincide con el proceso iniciado por el gobierno para la modificación de la ordenanza fiscal por expedición de documentos. La comisión local de Hacienda ya abordó en febrero la introducción en la normativa de qué cantidades habría que abonar por los derechos de examen y que iban de los 22 a los 40 euros. Además, en el boletín oficial de la provincia se publicó el pasado 15 de julio que por acuerdo del pleno del consistorio se procedía a la modificación de la ordenanza fiscal.

Heras y De la Calle afirmaron que el pleno no se ha pronunciado sobre la aprobación provisional de la tasa por presentación a exámenes, y recalcaron que en las convocatorias se recoge el abono de 18 euros por una tasa que no se corresponde al pago por derechos de examen.