El grupo municipal socialista ha presentado en la fiscalía documentación relacionada con el contrato entre el ayuntamiento y la empresa Adomi Sacor para que se investigue si por parte del gobierno municipal (PP) se ha prevaricado. El ejecutivo local aseguró ayer que no existen irregularidades en la gestión municipal y que lo único que busca el PSOE al recurrir a la fiscalía es crear confusión ante la opinión pública.
La documentación se entregó en la fiscalía a última hora de la mañana del miércoles. Los concejales socialistas Luis Salaya, que es el portavoz, y Belén Fernández anunciaron hace quince días que su grupo iniciaría acciones legales si el ayuntamiento no actuaba y como mínimo abría expediente a Adomi Sacor por irregularidades relacionadas con el contrato.
Ayuntamiento y Adomi Sacor firmaron en enero de 2007 el contrato de concesión por el que esta empresa se encarga de la gestión y mantenimiento de los apartamentos del campus. Esta relación sigue en vigor. Su plazo inicial era de cinco años prorrogables por otros cinco más. Este verano, cuando acabe el curso universitario, finalizará la relación.
El grupo socialista ha denunciado en los últimos meses irregularidades que estima que tienen la gravedad suficiente para que el gobierno local hubiese abierto un expediente a Adomi Sacor, como se ha hecho con otras empresas que gestionan servicios del ayuntamiento. Acude a la fiscalía porque considera que ha habido incumplimientos de la legislación de contratos del sector público y de condiciones del contrato por parte de la empresa de los que era conocedor el gobierno municipal y sin embargo no ha actuado, por lo que quiere que se investigue si estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación.
Salaya calificó el pasado día 9 de preocupante «la pasividad» del gobierno y añadió que en este caso esta falta de actuación adquiría mayor relevancia porque el administrador de Adomi Sacor es Juan Saponi, hermano del exalcalde José María Saponi, regidor del PP entre 1995 y 2007.
Entre los incumplimientos denunciados por el PSOE están que se prorrogase por el ayuntamiento el contrato con Adomi Sacor sin que se exigiese a la empresa el certificado de estar al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y que no se comprobase si Adomi Sacor mantenía deudas con el consistorio. La legislación de contratos del sector público y su reglamento establecen que no se puede contratar con empresas que no estén al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Otra de las irregularidades advertidas por el PSOE es que no se actuase por parte del ayuntamiento ante las quejas de usuarios de los pisos del campus por deficiencias en el servicio. Además Fernández recordó el pasado día 9 que la universidad informó al ayuntamiento en noviembre de 2015 de que había una deuda de 143.000 euros de consumo eléctrico del periodo 2008-2015 de los pisos del campus y que pese a ello se volvió a prorrogar el contrato con la empresa en 2016.
CONVENIO / El gobierno negó ayer irregularidades en la gestión del ayuntamiento en relación a este contrato y consideró que es incongruente que el PSOE lleve a la fiscalía una concesión que durante cuatro años, entre 2007 y 2011, estuvo bajo la supervisión del gobierno del PSOE que en ese periodo dirigió el ayuntamiento. Además recordó que la gestión de los apartamentos es actualmente una competencia impropia del ayuntamiento y que la Junta, que según precisó el gobierno local es ahora la competente, no ha querido hacerse cargo de los pisos y desde el grupo municipal socialista no se ha dicho nada.
Está previsto que la junta local de gobierno acuerde en su reunión de esta mañana la denuncia del convenio que en 1991 firmaron el ayuntamiento, la Uex, la Junta y el Ministerio de Asuntos Sociales para la ejecución de los apartamentos del campus al no tener ahora el ayuntamiento competencias en esta materia.
Juan Saponi, en declaraciones a este periódico el pasado día 9, aseguró que no se presentaban las certificaciones de estar al corriente con la Seguridad Social porque no se pedían por parte del ayuntamiento y subrayó que «nadie de mi familia ha puesto nada en mi empresa». El director de la concesión, Carlos Galán, explicó ese mismo día que la deuda con la Uex por consumo de electricidad se tiene porque la empresa no estaba de acuerdo con las cantidades que le pasaba la universidad y que la intención es abonar el débito, pero «la cantidad que salga de la negociación y el acuerdo al que se llegue con la Uex».
