No es la primera vez que el plan de encauzamiento de la Ribera del Marco es cuestionado, ni es un proyecto nuevo. De la ordenación de la Ribera se empezó a hablar hace diez años, aunque entonces se vinculó a una intervención urbanística y a un espacio concreto: Huerta del Conde-fuente Concejo. El ayuntamiento obtuvo en 1994 de Bruselas los primeros fondos, que se gastaron en 1999 en lo que se denominó primera fase, que apenas tiene incidencia en el global de la actuación, ya que principalmente afectó a los colectores de aguas residuales en el tramo de la avenida de la Hispanidad a la Huerta del Conde.

Ahora se acometerá la segunda fase (que en el anteproyecto se llama paseo de la universidad, un plan que ha pasado de cuatro a cinco partes al realizarse una primera no prevista). Esa segunda fase afecta al tramo más corto en que se divide la actuación. Son 616 metros con un ancho de 11,9. El proyecto, supervisado por la Confederación del Tajo, sigue los objetivos marcados en el anteproyecto: el colector deja de estar en superficie y quedará bajo tierra, con dos tuberías, y el agua del arroyo del Marco, en teoría ya limpia y sin filtraciones de los colectores, correrá canalizada.

Según se especifica en el anteproyecto (información que no se recoge entre los datos del proyecto dados por Medio Ambiente), las huertas se respetan. El futuro de éstas es uno de los aspectos más conflictivos. Los autores del anteproyecto, en una respuesta a las críticas que su plan recibió del Colegio de Arquitectos y de ecologista, aseguran que las huertas se mantienen, salvo la situada aguas abajo del nuevo puente de fuente Concejo, que el anteproyecto, cuyas indicaciones hay que concretar, sitúa en las traseras de Mira al Río. Además, en este documento se indica que en el paseo de la universidad no son necesarias expropiaciones para soterrar los colectores.

El espacio afectado por la segunda fase es el comprendido entre el inicio de la ronda Vadillo y el puente que atraviesa la N-521. A partir de aquí, cruzando la carretera de Trujillo, está en ejecución otra obra que no tiene relación con el proyecto de encauzamiento de la Ribera, y en la que sí han sido necesarias expropiaciones. Es una actuación que afecta a la red de saneamiento para completarla hasta la estación que trata las aguas residuales.

DECISION SIN UNANIMIDAD

En 1998 se convocó el concurso de proyecto más importante de la etapa de gobierno de Saponi, proceso que se resolvió en 1999 al elegir la propuesta presentada por un equipo de ingenieros y arquitectos cacereños para la revitalización de la Ribera del Marco, documento en el que se basarán las intervenciones que durante la próxima década se acometerán para la reordenación de todo este entorno, uno de los más importantes para Cáceres, ya que su fundación está vinculada al arroyo del Marco.

La decisión no fue unánime. La oposición rechazo el acuerdo del gobierno municipal, y en uno de los informes técnicos que se redactaron para la resolución del concurso se advirtió de que la oferta elegida iba a alterar "los valores paisajísticos, culturales e históricos de la ciudad" y que su incidencia sería "potencialmente perniciosa", unas apreciaciones que la asociación ecologista Adenex y el Colegio de Arquitectos hicieron suyas en el 2001, cuando se presupuestó la ejecución de la segunda fase, mostrando su rechazo. Desde el colegio se llegó a afirmar que parecía que en vez de la recuperación se pretendía "la destrucción" de la Ribera.

Estas críticas provocaron la respuesta del ingeniero que dirigió al equipo que redactó el anteproyecto, quien recordó que de la actuación pretendida se dio conocimiento a la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta y que las propuestas planteadas en el documento se hacen con "respeto" y conociendo el entorno.

El anuncio hecho hace un año de que el Ministerio de Medio Ambiente iba a sufragar el 75% de los 5,6 millones de inversión de la segunda fase, intención que no se concretó hasta el pasado miércoles con la firma de un convenio entre Elvira Rodríguez y José María Saponi, ha dado lugar a nuevos pronunciamientos en contra del anteproyecto. A finales de junio se presentó una plataforma ciudadana, integrada por vecinos y hortelanos, que manifestó su preocupación de que en las obras de regeneración de la Ribera primase el hormigón frente a las zonas verdes, un temor al que respondieron fuentes del gobierno municipal, que insistieron en que el objetivo principal es la reordenación de este paraje con espacios verdes.

Según fuentes técnicas consultadas por este diario, previo al inicio de las obras sería necesaria una declaración de impacto ambiental para garantizar que el proyecto se ajusta a la legislación ambiental, una declaración que han demandado colectivos que dudan de los efectos de la actuación programada en la Ribera.

Los proyectos que afecten a recursos, espacios con un valor ambiental o a áreas protegidas, la Ribera está incluida en el plan especial de protección del casco histórico, necesitarían la citada declaración, lo mismo que las actuaciones que tengan incidencia en los elementos históricos del patrimonio cultural.