El mal de la piedra ha amenazado durante largos años al mayor y más simbólico templo cristiano de Cáceres, la concatedral de Santa María, a su vez el más antiguo de la ciudad al erigirse entre los siglos XV y XVI sobre una construcción del siglo XIII. Esta patología, que reduce el granito a arcilla, ha llegado a detectarse en buena parte de los muros de la iglesia, obligando a una intervención muy técnica y especializada para frenarla. Pero tras las dos primeras fases, la tercera y última reforma, necesaria para atajar definitivamente el problema y evitar su avance, se ha ido retrasando en los despachos ministeriales hasta acumular siete años de espera. Por fin, los Presupuestos Generales del Estado de este año contemplan 1,2 millones para echar el último pulso al mal de la piedra.

La primera intervención se realizó en la torre y el campanario en el 2001, y la segunda permitió la recuperación de la fachada y la portada norte (la que mira hacia el Palacio Episcopal), además de la cubierta, en el 2004. Un año antes, en el 2003, la Comisión Iglesia-Estado ya había aprobado el tercer proyecto, que fue aceptado y visado por el Ministerio de Fomento con un presupuesto de 952.820 euros para acabar con la patología en zonas exteriores e interiores.

Entonces comenzaron los problemas. Fomento dejó de financiar estas obras, que pasaron a Cultura, y tras las elecciones del 2004 hubo que reordenar los proyectos debido al cúmulo que existía. Al establecerse nuevas prioridades, se antepusieron las reformas de las catedrales de Coria y Plasencia. En 2008, el Instituto de Patrimonio Histórico se comprometió a acometer la mejora, pero cambios en su cúpula obligaron a otra larga espera hasta que por fin ha dado luz verde. La satisfacción es doble. Por un lado en la subdelegación del Gobierno, que ha realizado gestiones durante años para lograr esta financiación. Por otro en el Obispado, que firmó el contrato del proyecto y la dirección de obras en el 2004 y ha tenido que pagar por ello 54.000 euros sin saber cuándo podría hacerse.

LO QUE HAY QUE HACER La tercera fase será la más amplia y se prolongará aproximadamente un año. Según explica el deán del Cabildo Catedral, José Antonio Fuentes, incluye el ábside, muy deteriorado, la portada y fachada oeste (del lado de la Diputación Provincial) y las zonas interiores aquejadas del mal de la piedra (coro, bóvedas...), donde se realizaron algunos tratamientos hace años. También contempla la reforma del pavimento del templo, muy compleja al estar cubierto de lápidas blasonadas de mucha antigüedad, donde reposan los restos de cientos de nobles y obispos. Su enterramiento era más próximo al altar cuanto más rango social tenían.

Pero el inicio de las obras no será inminente. El Instituto de Patrimonio Histórico ha solicitado la actualización del proyecto, entregado en mayo del 2004 por el obispado y entonces aprobado por la Subdirección General de Arquitectura, que ahora debe adaptarse al nuevo Código Técnico de Edificación. Una vez realizados los ajustes, tendrá que ser devuelto al instituto para su visto bueno. El deán confía en comenzar después del verano, incluso antes de fin de año, "aunque con las obras no hay fechas".

EVITAR EL TRASLADO El obispado tratará en todo momento de simultanear la reforma con los cultos programados en Santa María (bodas, misas...), pero si no hay más remedio se trasladarán al templo de la Preciosa Sangre. "Esta será la fase más complicada porque incluirá todo el pavimento, pero no podemos calcular fechas ni concretar mucho más. Tendremos que ir tomando decisiones a medida que avancen las obras", explicó el deán.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Fernando Solís, se muestra muy satisfecho con la aprobación del proyecto y ha recordado que "se ha avanzado mucho" desde que en 1997 se firmó el Plan Nacional de Catedrales, con una inversión inicial de 1.500 millones para los 83 grandes templos españoles. "Se han elaborado los planes directores que han permitido detallar, por ejemplo, las necesidades de Santa María", precisó, destacando el buen entendimiento que existe entre el Gobierno y la Iglesia para garantizar la conservación de estas grandes joyas.