Minutos después de las 12.30, el abogado Angel Luis Aparicio interpuso ayer una querella contra el alcalde, José María Saponi, y el concejal de Juventud, Javier Castellano, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la cesión del hípico a cinco hosteleros durante el verano. El letrado llegó a los juzgados acompañado de los siete hosteleros que representa --regentes de Ivanhoe, La Calle, La Continental, El Peso del Pecado, La Vieja Trova, Submarino y Machiavello--, quienes mostraron su temor a posibles "represalias".
Según esta denuncia, la pista de verano se ha gestionado al margen de la ley administrativa. "Está prohibido terminantemente, e imaginamos que ellos lo sabían, ceder un patrimonio del ente local de forma gratuita y en beneficio de cinco particulares, sin tener en cuenta al resto del empresariado, es decir, de modo clandestino", explicó el letrado. "Y encima costaba 5 euros", dijo.
Según Aparicio, también existen indicios de que el agua y la luz del hípico han corrido por cuenta del ayuntamiento. "A estos señores se les ha pagado todo el negocio excepto la decoración. Cualquier empresario hubiera dicho sí a tal proyecto", indicó.
PERJUICIO AL CENTRO URBANO
Los siete hosteleros opinan que su derecho ha sido perjudicado como regentes de locales en el centro, y que han sufrido "graves pérdidas". Pero ayer aclararon que no tienen nada contra los compañeros del hípico, quienes serán citados como testigos.
"La querella no pretende intimidar ni violentar, sólo que se investiguen los delitos indiciarios. Con independencia de los fines, la autoridad ha marginado al empresariado", agregó Aparicio, que pide una indemnización de 500.000 euros. "Ha sido una salvajada. O lo ha hecho un negligente o lo han hecho a conciencia para atajar el ocio del centro", señaló.
Los siete hosteleros, que pidieron hace tiempo la licencia de café concierto, mostraron ayer sus temores: "No nos dejarán un minuto más del horario, tendremos multas y quedaremos fuera del nuevo centro de ocio, pero hacemos lo que debemos. Nos cosían a multas mientras el hípico funcionaba ilegalmente".
La querella, remitida al Juzgado de Instrucción número 3, también pide el cierre cautelar de las actuaciones de este tipo que puedan darse en suelo municipal.
