El organismo autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de diputación, que gestiona la recaudación de los tributos del ayuntamiento, concluyó en 2015 que la protección que la legislación da a los bienes de las administraciones públicas impide su embargo. Esa fue la respuesta del organismo cuando el gobierno le instó a recaudar en vía de apremio la deuda de la Junta. La secretaría general del ayuntamiento no comparte este criterio y se apoya en la jurisprudencia del Supremo para concluir que la inembargabilidad no alcanza a todos los bienes y no afecta a los destinados a actividades de gestión.
