El ayuntamiento ha puesto al cobro un millar de recibos del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que en Cáceres sólo afecta a 610 empresas, muchas de ellas nacionales que están en el municipio, como los grandes bancos y grupos comerciales. La recaudación que se prevé para el ejercicio del 2005 es de 1,9 millones de euros, incluido el recargo provincial, que es la misma cantidad que se calculó para el periodo impositivo de 1997, aunque entonces hubo 6.400 cargos.
La reforma de la Ley de Haciendas Locales del año 2002 recortó sustancialmente las posibilidades de ingresos de los ayuntamientos por este tributo, ya que lo dejaron de pagar todas las empresas y profesionales con una cifra de negocio inferior al millón de euros. Las compensaciones anunciadas en las negociaciones entre el Estado y la federación de municipios son insuficientes para lo que un ayuntamiento como el de Cáceres ha dejado de recaudar por el IAE.
En el ejercicio del 2002, el anterior a la aplicación de la reforma de la ley, el ingreso previsto por los 7.600 recibos que se pusieron al cobro ascendía a 2,5 millones, incluso en el 2000 y 2001 la previsión de ingresos fue mayor, 2,8 millones en el primero y 2,9 en el segundo.
El plazo para el pago del impuesto se inició el pasado día 3 y estará abierto hasta el próximo 26 de enero. El ingreso previsto es de 1,9 millones, de los que 1,6 serían para el consistorio, mientras que los 331.000 euros restantes son del recargo del 20% que corresponde a la diputación provincial. Este impuesto se gestiona a partir de la matrícula que Hacienda remitió al ayuntamiento con los censos de las actividades económicas, sujetos pasivos del tributo y cuotas mínimas. La matrícula ha sido objeto de correcciones para la elaboración del padrón definitivo.
El número de recibos que se recogían en la matrícula era superior, de casi 1.500, lo mismo que los ingresos, que superaban los dos millones, pero también había empresas con una cifra de negocios inferior al millón.
El cargo del impuesto parte de una cuota mínima, en la que influyen conceptos como la actividad económica ejercida, a la que se aplica un coeficiente en base a la cifra de negocio, porcentaje que se establece en la reforma de la ley estatal, y otro por la situación. Este último es competencia del ayuntamiento, la legislación solamente marca un mínimo y un máximo (0,4 y 3,8), que lo incrementó en el 2003 para compensar en parte la pérdida de ingresos prevista.
