En la reunión entre Fernández Vara y Nevado se habló de la deuda por el impago de tributos que la administración autonómica tiene con el ayuntamiento. Son 2,2 millones tras la depuración de recibos y liquidaciones que el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la diputación ha hecho con fecha del pasado 31 de mayo (en esta estimación no está el débito de la anualidad de 2017). La mayoría de esta deuda, cuyo desglose adelantó este diario en su edición del pasado 23 de junio, es del IBI urbano.

Nevado habló ayer de llegar a un acuerdo sin tener que recurrir a los tribunales, una posibilidad que el gobierno local manejó hace un año, y de que a través del organismo de la diputación, que es el que gestiona la recaudación de tributos, se cierre un acuerdo para que la Junta afronte el pago de su deuda. «Lo que no vamos a dejar es que prescriba», subrayó Nevado. El pasado año el organismo de Recaudación comunicó al ayuntamiento la baja porque habían prescrito de 3.540 recibos por un importe de 538.400 euros que la Junta adeudaba al ayuntamiento de tributos del periodo 2003-2011.

De momento, en la comisión de Economía de ayer se dictaminó instar al organismo de Recaudación de la diputación que proceda al cumplimiento de las providencias de apremio necesarias para el cobro de la deuda de 2,2 millones, incluido el embargo de bienes de la Junta, ya que la secretaría general del ayuntamiento considera, a diferencia del criterio que tiene el organismo de Recaudación, que determinados bienes sí son embargables.