Las reclamaciones médicas tienden a subir en la provincia cacereña. Según los datos que se rescatan del último informe anual de la oficina del Defensor del Paciente, las denuncias sanitarias por servicio inadecuado --a juicio del paciente-- crecieron casi un 14% durante el pasado 2016, con un total de 132 quejas registradas, por las 116 que se dieron a lo largo del 2015. Esto supone que en la provincia se produzca una reclamación médica casi cada dos días (2,7 días), mientras que en el 2015 la media superaba, aunque levemente, los tres días. Entre los principales motivos de denuncia destacan las reclamaciones por cuestiones relacionadas a listas de espera, cirugía general o urgencias, servicios que aglutinan la mayor parte de las quejas en la provincia. Tras ellos, las áreas de traumatología y el transporte sanitario (ambulancias) ocupan la cuarta y la quinta posición en el ránking de las asistencias sanitarias que suman más denuncias.

Una de esas 132 reclamaciones es la queja de un cacereño que denunció que en el hospital San Pedro de Alcántara tardaran hasta 17 días en operarle de una fractura de tibia y peroné. Las quejas de este ciudadano --que publicó este diario el 22 de enero del año pasado-- tenían que ver con un mal servicio de traumatología, que conllevó infecciones y que la intervención tuviera que ser pospuesta. Según la versión del paciente, acudió al hospital el 26 de diciembre con la pierna rota y hematomas, fue escayolado y dos días después recibió el alta sin operar. El 31 de diciembre recibió una llamada para ser intervenido el 7 de enero, pero cuando se encontraba ingresado, el día 6 por la noche, descubrió coágulos de sangre en su pierna y la operación se retrasó hasta el 11 de enero.

A nivel regional, alrededor de 21.500 personas --unas 2.000 menos que en el año 2015-- engrosan la lista de espera para una intervención quirúrgica, operación que se suele demorar de media unos 125 días. Esto supone un incremento de tiempo de espera de más de un mes con respecto al año 2015, cuando la media era de 90 días. Cabe mencionar que cirugía plástica, urología y traumatología son las tres especialidades con mayor retardo. La autonomía donde menos hay que esperar para una intervención es La Rioja, con 42 días de media, y donde más Canarias, con hasta 160 días de dilación.

Concretamente en Extremadura los centros sanitarios donde más denuncias se han registrado son el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, el Complejo Hospitalario de Cáceres, el Complejo Hospitalario Don Benito - Villanueva de la Serena, el Complejo Hospitalario del Área de Salud de Mérida, y el hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

ABRIR POR LA TARDE / En ese sentido, para reducir uno de los principales problemas sanitarios, el colapso en urgencias, el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Carlos Arjona, da las claves: potenciar la atención primaria, abrir los centros de salud por la tarde y ampliar la plantilla de los servicios de urgencias. «En atención primaria, debido a las acumulaciones que existen en algunas consultas, no se da cita para el mismo día sino para hasta cinco días después. Eso conlleva que la gente se vaya a los servicios de urgencias por la tarde y es el primer punto que hay que modificar, tratar de que el médico de atención primaria siempre reciba en el mismo día y se ajusten los cupos a las necesidades». Además del lógico aumento de la plantilla, Arjona aboga también por un mayor servicio de los centros de salud en horario vespertino. «Antes los centros de salud abrían por la tarde, ya no. Hay ciudades donde los puntos de urgencias abiertos son mínimos», añade.

Por otra parte, el informe del Defensor del Paciente recoge que a nivel nacional se han producido 90 casos por personas afectadas tras someterse a una depilación láser, cuestión sobre la que el presidente del Colegio de Médicos cacereño reclama mayor control. «Estamos viendo que en algunos centros de estética o peluquería existen unos láser muy potentes que deberían ser controlados y manejados por personas expertas, como es el caso de médicos», valora Arjona, que confirma que estos tratamientos no médicos «en algunos de éstos centros han producido quemaduras importantes» que posteriormente deben ser «solucionadas por cirujanos plásticos» al no existir una regulación sobre esta práctica en función del tipo de láser y su potencia. «Habrá que determinar a través de una normativa quién está capacitado para utilizar estos láser de última generación», concluye.