El acusado de traficar con cocaína en la zona de La Madrila, un vecino de la calle José Luis Cotallo, reconoció ayer ante el tribunal de la Audiencia Provincial que le juzgaba que vendía la droga para autofinanciar su propio consumo. El procesado, cuya identidad responde a las iniciales J. F. C. B., es politoxicómano desde la adolescencia y padece varias enfermedades contraídas por esta adicción.

Esta circunstancia llevó a su abogado defensor a alegar alteración psíquica para solicitar un castigo menor por el delito de tráfico de droga, entre 2 y 3 años como máximo. La fiscal, por el contrario, corroboró la dependencia a los estupefacientes del imputado, aunque consideró que esta solo podría valorarse como una atenuante leve, ya que su adicción "no mermaba sus facultades" y únicamente su necesidad de obtener dinero le llevaba al tráfico, puesto que llevaba seis meses en el paro. De ahí que no se contemple un deseo de enriquecimiento derivado de la venta de estupefacientes.

J. F. C. B. fue detenido en mayo del año pasado después de la Brigada de Estupefacientes le sometiera a una estrecha vigilancia y le pinchara su teléfono móvil, captando algunas conversaciones con clientes que hacían referencia a ese supuesto negocio ilícito al que se dedicaba desde su propio domicilio y el entorno, de ahí que se bautizara como operación Príncipe dada la cercanía con el parque.

RESISTENCIA Cuando fue arrestado y conducido a Comisaría, intentó hacer desaparecer una de las papelinas que llevaba encima metiéndosela en la boca. Dos policías trataron de impedírselo, lo que provocó un forcejeo al resistirse el entonces detenido. De ahí la imputación por delito de resistencia a la autoridad por la que la fiscal solicita 9 meses de prisión y la defensa, en cambio, la absolución, ya que considera que no hubo resistencia.

En el domicilio del procesado, en la calle José Luis Cotallo, además de 37 gramos de cocaína distribuidos en seis bolsitas, valorada en unos 2.600 euros, se hallaron dos pistolas, para las que carecía de licencia siendo una de ellas de uso prohibido. Por este delito de tenencia ilícita de armas, el acusado será condenado a un año de prisión, ya que fiscal y defensa llegaron a un acuerdo previo al juicio. El procesado lleva encarcelado desde su detención y sigue un tratamiento de desintoxicación en el centro penitenciario.