Desde esta misma tribuna, hemos venido insistiendo en la necesidad de imprimir un impulso más decidido a la rehabilitación energética de los edificios, tanto por la deficiente situación del parque inmobiliario como por el precitado ritmo constructivo y de sustitución urbana de la última década y el sobrecoste de los servicios públicos.

Esta urgencia rehabilitadora viene, además, mandatada por la Unión Europea para el cumplimiento de sus objetivos de reducción de emisiones de CO2eq: la mejora del aislamiento de la vivienda minora los gastos de climatización y el uso de energía, responsables de una buena parte de estas emisiones. Un reciente informe científico de Naciones Unidas, advierte de que en 2100 habrá que haber cortado radicalmente las emisiones de CO2eq --incluido metano, óxidos de nitrógeno y ozono-- si queremos evitar las consecuencias graves, extendidas e irreversibles, del calentamiento global y sus desastrosos efectos climáticos.

Pero aparte de los beneficios sociales y ambientales, conviene insistir en los de carácter económico. La rehabilitación energética puede generar miles de empleos directos, estables y de calidad. Debemos tener en cuenta que éstas obras no tienen coste para el usuario si consideramos que se puede obtener el 25% del presupuesto de la obra en subvenciones a fondo perdido de la administración, que el 50% es amortizable con los ahorros en la factura energética y que el 25% restante corresponde a la revalorización de la vivienda con tales actuaciones, estimada como mínimo en un 10% de su valor.

Existen varias líneas de subvención que pueden ser solicitadas. Las más conocidas, y ya comentadas en esta tribuna, las contenidas en el "programa de fomento de la rehabilitación edificatoria", del Ministerio de Fomento, con ayudas de hasta 5.000 euros por vivienda. Además, el Ministerio de Industria cuenta con el "programa de ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes" con subvenciones de hasta 3.000 euros por vivienda y financiación de hasta 6.000 euros a un interés del Euribor + 0%. Para rematar, el Ministerio de Agricultura tiene el "plan de impulso al medio ambiente" que paga en torno a 7 euros por tonelada de CO2 evitada después de la rehabilitación.

La existencia de diferentes programas para un único objetivo, diseñados por distintos departamentos del mismo gobierno, puede esconder una bondad engañosa si analizamos que el importe de presupuesto público destinado es ocho veces inferior al necesario para los objetivos de la Unión Europea --WWF estima necesario un 0,5 - 0,8% del PIB--, situación que no se explica al ser suficientemente conocido el hecho de que la administración obtiene beneficios subvencionando la rehabilitación. Empresas españolas del sector estiman que de cada 100 euros de subvención se revierten, vía impuestos, 111 euros. El banco de Alemania KFW sumó a los impuestos directos de la obra, los ahorros de gastos en subsidios de desempleo, los incrementos de impuestos por incremento de actividad económica y otros conceptos, llegando a la conclusión de que por cada euro de subvención en rehabilitación energética se generaron cuatro para las arcas públicas en 2010.