Ha amanecido 2018 con buen pie. Solo ha pasado un mes desde su ‘bautizo’ y ya están de nuevo abiertos todos los procesos judiciales contra la horda de ‘tramas’, bandas y castas corruptas que están invadiendo la vida política celtibérica.

Esperemos que no se le tuerza a la recta Justicia ninguna de sus delicadas articulaciones, y tenga que cambiar la ruta de procesos y tribunales, tan trabajosamente iniciadas en estos primeros meses del año, que la obligue a dejar en vados y cunetas los procesos que muchos agentes judiciales han iniciado, contra la legión de ‘réprobos’ y sinvergüenzas que invaden las limpias filas de la democracia. No ya desde que esta democracia naciera; sino desde que cayó en las manos y en los bolsillos de ‘pandillas’ y ‘organizaciones para delinquir’ a las que el cuerpo social español considera ya uno de los principales problemas de nuestra nación.

En el diccionario ‘oficial’ de la RAE, ‘Reprobar’ viene a ser como «censurar la conducta de ciertos individuos»; «anatematizar a los indignos»; «condenar moralmente a los malvados». Por lo que ‘réprobo’ es definido como «suspendido de sus funciones»; incluso, «condenado a las penas eternas» - en ningún caso se habla de las terrenales - por su conducta. Lo cual resulta sobradamente expresivo a la hora de juzgar moralmente a los que aparecen en los periódicos como «reprobados por el Parlamento» o por «Las Cortes Generales». Si bien, cómo en la consideración popular estas instituciones legislativas son como ‘corralones’ de comedias, sus ‘reprobaciones’ no tienen mayor importancia que escenas de teatro - principalmente de comedias - en las que se arma mucho ruido y griterío de los actores y del público; pero que, una vez concluidas, no tienen consecuencia ninguna ni para los ‘réprobos’ ni para los que los soportan. Es más, incluso es posible que los mismos ‘reprobados’ adquieran mayor fama y fortuna - en votos y consideraciones ciudadanas - que los que, siendo honestos y buenos ‘patriotas’, les acusaron por sus tropelías.

Pero como ya las calificaciones morales o éticas no cuentan con la consideración que tuvieron para nuestros abuelos, podemos decir que los ‘réprobos’ o los ‘indeseables’ siguen siendo - a pesar de su reprobación pública, social o política - personajes bienquistos en nuestro panorama nacional, con destacados papeles en el mundo de la información, de la comunicación y hasta de los negocios.

Al final, muchos de estos réprobos - imputados, investigados, juzgados y condenados - pasarán al ‘limbo’ de los ‘indultados’ por un gobierno tan generoso como el actual; pues ya lo ha hecho en varias ocasiones, sin más razones que el ‘nepotismo’, el ‘clientelismo’, o para que no ‘tiren de la manta’. Sus ‘hazañas’ quedarán sobreseídas por la prescripción de sus delitos; como también ha venido ocurriendo últimamente por los diversos procedimientos y ‘atajos’ que el Código Penal establece para dilatar los juicios, embarullar los procesos, inhabilitar las pruebas u olvidar los legajos escondidos en los insondables cajones y anaqueles de los juzgados.

Recientemente, en una de las innumerables manifestaciones callejeras pidiendo justicia, se exhibían pancartas afirmando que el «Indulto es un insulto» a la razón y a la rectitud de la Justicia; y que la «prescripción es corrupción» si no se obliga al delincuente a devolver todo lo robado; restituir lo defraudado, compensar lo estafado y ser apartado de cualquier cargo público relacionado con la recta administración de los caudales destinados a obras o a ayudas sociales.