La asamblea de la asociación de propietarios de la Montaña acordó en su reunión de ayer por la tarde iniciar los trámites para pedir al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) la ejecución de la sentencia del residencial Universidad, según confirmó su gerente, Juan Antonio Martín, que añadió que antes se dirigirán al ayuntamiento, al que instarán a que se cumpla la resolución judicial. La sentencia, dictada por el TSJEx y confirmada por parte del Tribunal Supremo, anula la orden de la Junta que autorizó la variación puntual del plan de urbanismo para la construcción de las 550 viviendas que tiene el residencial.

El ayuntamiento dejó el residencial fuera de ordenación una vez que se dictó la sentencia del Tribunal Supremo (es una urbanización que se edifica sobre terreno no urbanizable protegido). La intención del gobierno local es modificar la clasificación del terreno del residencial, que pasaría a ser urbano, y regular su situación aprovechando la aprobación del nuevo Plan General Municipal (PGM) de urbanismo

Uno de los inconvenientes de estar fuera de ordenación es que el ayuntamiento no se hace cargo del mantenimiento del residencial, aunque sí se prestan servicios municipales, como recogida de basura o autobús, además no se desarrollan las parcelas para las dotaciones públicas y no se abren locales para comercios.

La directiva de la asociación de propietarios, dueña del terreno que rodea al residencial, decidió hace un mes que se solicitaría la ejecución, aunque antes lo debía refrendar la asamblea de socios, que fue convocada a final de febrero y se reunió ayer.

Martín recordó que "el procedimiento no se sustanciará de la noche a la mañana" y que la intención del colectivo no es causar daños a terceros. En cuanto a un posible derribo de lo construido, el gerente afirmó: "Mi opinión es que no se producirá y la intención --de pedir la ejecución-- no es esa". No obstante, insistió en que las consecuencias son "impredecibles".

El colectivo inició el proceso judicial a raíz de que se autorizó el residencial Universidad, dado que ayuntamiento y Junta permitieron a su promotor --Magenta-- lo que antes se negó a la asociación, que también pidió intervenir en esta zona con cesiones a la ciudad. En las primeras aprobaciones del nuevo plan, los terrenos de este colectivo entraban dentro del suelo a conseguir por el ayuntamiento en la Montaña para parque rústico, a cambio de que dicha cesión se compensase con edificabilidad en nuevas zonas para construir viviendas.

CAMBIO Pero esa previsión inicial, de 130 hectáreas, se ha modificado al reducirse el espacio a conseguir, lo que ha dejado fuera a parte de los socios. El único terreno a lograr de la asociación, además del necesario para el trazado de la futura ronda este, son las 56 hectáreas que están entre esta vía y San Maquino, quedando fuera todo lo que está por encima de la ronda. También se obtienen otras 18,7 hectáreas, junto a la subestación de la carretera de Trujillo, pero que no son del colectivo. El gerente recordó que la idea de esta asociación es que se dé una solución a todo el colectivo y que la ordenación prevista en el plan de urbanismo meta las 130 hectáreas. "Hasta el último momento estamos dispuestos a escuchar y a que se nos escuche", añadió Martín.

El presidente de la asociación del residencial Universidad, Lorenzo Clemente, manifestó que por parte del colectivo se han recabado opiniones de letrados sobre los efectos de la ejecución de la sentencia. "Todos coinciden en que el derribo es improbable, unos afirman que una vez ordenado en el PGM desaparece este problema --de fuera de ordenación-- y otros opinan que seguirá si no se archiva --el proceso judicial--". Añadió que la asociación espera una información del ayuntamiento.