La revisión de las ordenanzas fiscales aprobada ayer por el pleno de la corporación municipal penaliza a los residentes en Cáceres que no estén empadronados en el municipio. Si un piso permanece ocupado durante un año consecutivo por un propietario o inquilino que no esté empadronado se considerará a efectos fiscales como desocupado, y su propietario deberá abonar un recargo de un 50% en el IBI por ese inmueble de utilidad residencial.
En Cáceres hay una diferencia de más de 10.000 habitantes entre la población de hecho y la de derecho, que incide negativamente en las arcas municipales, dado que el 75% de los fondos que el Estado reparte entre los consistorios depende de la cifra de habitantes de cada municipio.
AYUDAS A LAS VPO Y PROMOTORES
La penalización tiene sus excepciones, y no se aplicará si el piso está ocupado por un estudiante de educación obligatoria o universitaria que sea hijo del propietario del inmueble o si se demuestra que la vivienda está en fase de venta o de alquiler, para lo que se necesitará un contrato que esté suscrito con una inmobiliaria.
La revisión de las ordenanzas fiscales se aprobó con el voto a favor de los concejales populares y socialistas y la oposición de IU, grupo al que el concejal de Hacienda, Juan del Pozo, reprochó su postura, que calificó de "insolidaria, predica y no da trigo".
Del Pozo presentó las principales novedades de la revisión. Recordó que la bonificación en el IBI a las familias numerosas será del 50%, y que se incrementará hasta un 90% por cada componente de la unidad familiar que tenga una discapacidad. Comentó que se mantiene la bonificación del 50% durante tres años para los pisos de VPO, y también que los promotores se beneficiarán de una rebaja del 50% durante el periodo de ejecución de edificaciones y rehabilitaciones. Por contra, las empresas que sigan pagando el IAE abonarán más por este tributo y el recargo por viviendas desocupadas será del 50%.
El alcalde, José María Saponi, tras recordar que Cáceres es una de las ciudades con menor presión fiscal, aludió a una futura revisión "más detenida" que afectaría a tipos impositivos. Intervención ha advertido de que es necesaria su actualización.
