No han llegado a ser juzgados y la mayoría de ellos ni siquiera tendrá que ingresar en prisión. Los retrasos de la Justicia han provocado que los más de 120 años de prisión que sumaban las penas que el fiscal tenía previsto solicitar para 10 de los 16 presuntos narcos (8 colombianos y el resto miembros de una familia afincada en la calle Ródano) detenidos en el 2002, en la que ha sido la mayor operación policial contra el tráfico de cocaína en Cáceres, se hayan reducido a poco más de 20.
La causa del retraso, y por tanto de la rebaja de penas al haberse tenido que aplicar la "atenuante de dilaciones indebidas", el que dilucidar si correspondía a la Audiencia Nacional o a la Provincial juzgar a estos detenidos ha costado varios años e incluso llegar al Tribunal Supremo.
A todos los detenidos imputaba el Ministerio Fiscal un delito de tráfico de drogas, con la circunstancia agravante de pertenencia a una organización, y pedía para cada uno entre 10 y 21 años de prisión, excepto para dos, que por aplicarse en sus casos las atenuantes de colaboración con la justicia y confesión, pedía 3 y 2 años.
Pero el hecho de haber transcurrido 7 años desde que se practicaran las detenciones y la fecha del juicio --su inicio estaba fijado para las 10.30 horas de ayer en la sección primera de la Audiencia Provincial de Cáceres-- ha motivado que se aplique a todos la "atenuante analógica de dilaciones indebidas como muy cualificada" y, con ello, tener que reducir sus penas a entre 9 meses la mínima y 3 años y medio la máxima.
HECHOS Y RETRASO A través de la llamada Operación cuento , que la Policía Nacional iniciaba en el último trimestre del 2001 y cerraba en noviembre del 2002 con la detención de 16 personas, se desarticulaba una importante red de tráfico de drogas que se dedicaba a traer a Cáceres cocaína desde Colombia a través de Madrid y distribuirla aquí entre camellos y consumidores.
Tras las detenciones el proceso judicial siguió los trámites y plazos oportunos, hasta el punto de que posiblemente el juicio se podría haber celebrado dos años después de no haberse planteado una cuestión de competencia --abogados defensores y jueces no se ponían de acuerdo en si los acusados tenían que ser juzgados por la Audiencia Nacional o por la Provincial de Cáceres--.
Fueron cinco de los siete abogados defensores los que a principios del año 2004 iniciaron la dilación, al plantear su solicitud de que del caso se hiciera cargo la Audiencia Nacional. Lo basaban en dos cuestiones: la pertenencia de los detenidos a banda o grupo organizado, y los efectos del delito en lugares pertenecientes a distintas Audiencias.
La Audiencia Provincial desestimó la petición por estimar que los hechos delictivos del tráfico de droga que se imputaban a los acusados se habían perpetrado todos en Cáceres, pero los abogados, en desacuerdo, recurrieron a la Audiencia Nacional, que confirmó el fallo de la Provincial. El caso hubo de llegar hasta el Tribunal Supremo que, después de más de un año, resolvía a mediados del 2006 que el juicio sería en Cáceres. El macrojuicio contra los 16 presuntos narcos detenidos en noviembre del 2002 se celebraría en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cáceres.
Se dilucidaba así la cuestión sobre la competencia cuatro años después de que la Policía Nacional practicara las detenciones, pero aunque se preveía que la vista tendría lugar ese mismo año, aún habría de retrasarse otros tres más. Algo influyó en ello el hecho de que las dos secciones de la Audiencia Provincial de Cáceres, que hasta entonces llevaban civil y penal, asumieron únicas competencias: la Sección Segunda los asuntos penales y la Primera los civiles, que pese a ello seguiría siendo competente en este caso de tráfico de drogas, su última causa penal.
Para las 10.30 horas de ayer estaba fijado el inicio del juicio derivado de unas detenciones practicadas siete años atrás, pero aunque los imputados se sentaron en el banquillo de los acusados, lo hicieron tan solo para aceptar cada uno de ellos, ante el presidente de la Sala, las penas que sus abogados, por conformidad, habían acordado con el fiscal. El juicio, que en otras circunstancias habría durado varios días, se resolvió en apenas media hora, y con sentencias dictadas: 3 años y medio de prisión para un acusado, 3 años para cuatro, 1 año y 11 meses para otros tres acusados, 1 año y medio para uno y 9 meses para una acusada. Además, cuatro acusadas resultaron absueltas.
