Una semana corta en días laborables, pero intensa en la política municipal. Cuatro días en los que por primera vez en este mandato un grupo municipal, el socialista, que es el mayoritario en la oposición, acude a la fiscalía para que investigue si el gobierno local, en la denuncia se apunta a la alcaldesa al tener las competencias, ha prevaricado en decisiones adoptadas en un contrato de concesión. Cuatro días en los que la sintonía entre PP y C’s, que ha dado en los últimos meses estabilidad a decisiones del ejecutivo local, está a un paso de romperse, con lo que se volvería al primer año de legislatura, con el gobierno municipal más en minoría.

Aunque se cumpliesen las condiciones de sus acuerdos con el PP que Ciudadanos ha denunciado que aún no se han desarrollado por parte del gobierno, las consideraciones hechas por el portavoz de Ciudadanos, Cayetano Polo, sobre la capacidad de la alcaldesa, Elena Nevado, para gobernar, opinó que era incompetente para gestionar el ayuntamiento y la ciudad, complican que se vuelva a la relación que en los últimos meses de 2016 permitió al gobierno local aprobar los presupuestos.

Un distanciamiento con Ciudadanos quitará estabilidad al gobierno y la unión de los tres partidos de la oposición (PSOE, C’s y CACeresTú) le hará perder muchas votaciones, pero Nevado ya ha sacado dos de los cuatros presupuestos, con el tercero, si no tiene apoyos, puede prorrogar los de este año, y el cuarto lo podría aprobar la junta local de gobierno. Quitando las cuentas, en lo que resta de legislatura no hay grandes decisiones a adoptar, al menos sobre la adjudicación de grandes contratos de concesión (ni el agua, ni la basura, ni el autobús), y en el que había que tomar una decisión, el de la zona azul, ya está encarrilada. Además se cuenta con un crédito de 5,7 millones para inversiones que se pueden ir adjudicando durante este año para que se ejecuten el próximo. Y a esto se suma que con el préstamo que ha autorizado Hacienda se va saldar lo que quede del pago de sentencias. No deja de ser afrontar deudas con cargo a otra deuda que se amortiza a largo plazo, pero el PP ya no tendrá que depender del resto de grupos para, por ejemplo, que Canal de Isabel II anticipe una anualidad del exceso del canon del agua para atender un pago tras el requerimiento de un juez. Si hay un gasto sobrevenido por una decisión judicial, hay capacidad para pagarlo.

El traslado a la fiscalía por parte del grupo socialista de documentación relacionada con el contrato de concesión de los apartamentos del campus cambia el escenario político por el judicial. Ahora la fiscalía tendrá que decidir si hay elementos suficientes para abrir una investigación. Si la investigación se inicia, deberá determinar si ha habido decisiones arbitrarias por parte de la alcaldía e inactividad para exigir responsabilidades a la empresa o resolver el contrato que pudieran constituir un delito de prevaricación.