Rosa Durán reclama 60.000 euros por los tres años que estuvo en la cárcel acusada de matar a su marido, el conocido empresario de Logrosán Alfonso Triguero. Un jurado popular la consideró coautora del asesinato junto a su hijo, José Carlos Triguero, y condenó a ambos a 17 años y medio de cárcel; fallo que después ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Tiempo después el Tribunal Supremo dio un giro radical al caso y absolvió a Rosa Durán alegando que no existían pruebas para considerar probado que ella participó de los hechos. Sí confirmó la condena a su hijo, al que considera único autor de la muerte de su padre. Rosa Durán salió de la cárcel en enero del año pasado.

El asesinato se produjo la madrugada del 14 de febrero del 2011, cuando el conocido empresario falleció tras recibir un disparo de una escopeta de caza en su casa de Logrosán. Tiempo después la Guardia Civil detuvo a su mujer, Rosa Durán, y a su hijo, José Carlos Triguero; ambos se encontraban en la vivienda el día de los hechos. Estuvieron en prisión preventiva un año y medio y salieron tras pagar una fianza de 45.000 euros cada uno.

Después la Audiencia Provincial, donde fueron juzgados por un tribunal del jurado, les condenó a 17 años y medio de prisión. Sin embargo no pidió que ingresaran en prisión a la espera de que el TSJEx resolviera el recurso que ambos iban a presentar. En ese transcurso José Carlos Triguero se fugó (estuvo tres meses en paradero desconocido), por lo que la magistrada titular de la Sección Segunda de la Audiencia ordenó el ingreso inmediato en prisión de Rosa Durán, por riesgo de fuga. Su hijo entró en la cárcel meses después, cuando fue encontrado por la Guardia Civil.

CATORCE MESES / Rosa Durán estuvo en prisión catorce meses y medio hasta que el Supremo ordenara su puesta en libertad al considerar que no existían pruebas para probar que participara del asesinato. En total, entre el tiempo que estuvo en prisión preventiva y tras ser condenada, pasó en la cárcel 32 meses, es decir dos años y ocho meses.

Para resarcir ese tiempo que estuvo privada de libertad pidió primero una indemnización al Tribunal Supremo de 90.000 euros, que se la denegó. Ahora acaba de presentar al Ministerio de Justicia una reclamación de 60.000 euros alegando un «mal funcionamiento de la justicia». Es el primer paso para solicitar una indemnización al Tribunal de Estrasburgo, ya que el Estado debe primero dar el visto bueno a esta reclamación.