El abogado del concejal José Joaquín Rumbo en el proceso judicial que se sigue contra el edil por la baja, hace ya dos años, del suministro de electricidad a la sede de la asociación vecinal de Santa Bárbara va a solicitar que sólo se vinculen a este caso aquellos daños que pudieron haberse producido por el corte de luz, según comentó ayer el concejal.

El edil considera excesivo que el juzgado le requiera a él y a la presidenta de la asociación de vecinos que depositen una fianza de 54.200 euros cuando los daños materiales producidos por el deterioro de productos de alimentación, almacenados en el bar de la sede cuando se cortó la luz, se valoraron en 556 euros.

Rumbo matizó que la mayoría de los daños reclamados por el demandante, el matrimonio que regentaba el bar vecinal, están vinculados al desalojo del local, con un importe que se valoró en 41.235 euros. El concejal apuntó que ese desalojo se produjo por una resolución de la alcaldía, que se dictó porque el empresario, que tenía con la asociación vecinal de Santa Bárbara un contrato de alquiler aunque las sedes de estos colectivos son de titularidad municipal, carecía de la correspondiente licencia municipal de apertura.