El modelo de gestión que sirve de espejo a Cáceres para su proyecto de cara a la capitalidad cultural europea es Salamanca. Esta ciudad ostentó el título en el 2002. Para hacerlo, las instituciones de la ciudad constituyeron un consorcio similar al que se formará en Cáceres en las próximas semanas para dirigir todos los trabajos.
Sin embargo, se completó dicha gestión con la constitución de una sociedad anónima que se encargaba de las contrataciones de servicios y actividades. El motivo fue puramente fiscal, según explicaron ayer fuentes de la empresa que gestionó el proyecto y que lo hará también en Cáceres.
El consorcio, por ser una entidad de derecho público, no puede declarar el IVA, un 16%, que cobrarían las empresas a la hora de facturar los servicios prestados. Si ese IVA no puede declararse, se perdería. Es decir, se perdería el 16% del presupuesto, ya que si se declara, Hacienda lo devuelve, informaron las mismas fuentes.
Pasado ya el 2002, el consorcio se reconvirtió en una fundación para gestionar la herencia de la capitalidad. Una de las críticas que se han hecho al proyecto salmantino es que después de la capitalidad, la falta de recursos impide dotar de contenido las infraestructuras culturales creadas. "Después del 2002, tenemos grandes contenedores culturales vacíos, grandes hipotecas que pagar y nada más", declaró recientemente al Diario Córdoba José Luis Molinuelo, uno de los expertos que participó en el proyecto salmantino.
