Un pleno extraordinario dará mañana definitivamente luz verde a la ordenanza específica reguladora de la concesión de ayudas económicas de urgencia social, pilar básico del Plan de Rescate, un documento que echará a andar con la unanimidad de todas las formaciones políticas. El portavoz socialista, Luis Salaya, principal formación de la oposición en el ayuntamiento, asegura no obstante que «tenía expectativas más altas» con este proyecto y lamentó que algunas de sus propuestas no hayan sido finalmente incluidas.

Entre ellas destacó que las ayudas deberían tener carácter inembargable, recoger el mantenimiento de los comedores escolares en verano o una alternativa, reducir el plazo para la concesión de ayudas con carácter general (se han dado tres meses para resolver la ayuda y uno si se trata de una cuestión excepcional, algo que no comparte el PSOE, que pedía un plazo aún menor), el silencio administrativo «porque no puede ser que a alguien no se le conteste si pide una cobertura», el bono familiar de transporte y eximentes en caso de no justificación de los gastos.

El texto regulará la concesión de ayudas económicas, periódicas y no periódicas de urgencia social para afrontar gastos de carácter primario. Se trata de gastos relativos a la cobertura de las necesidades básicas y excepcionales. La cuantía de las ayudas que ha establecido el IMAS en la nueva ordenanza oscilan entre los 487,01 euros para las unidades familiares de un solo miembro y los 1.031,29 para las de ocho o más personas.