El alcalde, José María Saponi, anunció ayer que el ayuntamiento ha iniciado los primeros pasos administrativos para proceder al desalojo de las 48 viviendas sociales del bloque C de la calle Ródano, el más conflictivo de la barriada cacereña de Aldea Moret y donde el pasado jueves una mujer que llevaba desaparecida desde el mes de diciembre apareció muerta y emparedada en su propio domicilio.
Saponi aseguró que había dado instrucciones a la concejala de Asuntos Sociales, Basilia Pizarro, para que se adopten las medidas necesarias encaminadas a resolver la delicada situación que atraviesa este edificio, castigado por la delincuencia, la droga y la marginación, en un estado de conservación lamentable y ocupado en más de un 90% por inquilinos de forma ilegal.
Precisamente esta última cuestión es la que primero quiere atajar el mandatario municipal. Para ello ha encargado a Pizarro la elaboración de un informe exhaustivo que detalle el estado legal en que se encuentra cada vivienda y el número de ilegales que existen en la actualidad. A la espera de los datos oficiales, EL PERIODICO ha sabido por boca de algunos vecinos que de los 48 pisos, sólo entre 4 y 10 están ocupados por sus verdaderos propietarios y que el resto o han sido revendidos o sus ocupantes han entrado en ellos mediante el método tradicional de la patada en la puerta .
Pero el equipo de gobierno no quiere abordar este asunto de forma precipitada ni tampoco en solitario. José María Saponi fue ayer claro al asegurar: "Se van a dar todos los pasos conducentes, dentro de la legalidad, para conseguir una solución". En este sentido, la primera idea que maneja Saponi es pedir la colaboración de la Agencia Extremeña de la Vivienda, para lo que mantendrá una reunión con su presidente, Javier Corominas.
El alcalde apuntó la posibilidad de que a los vecinos que se encuentran residiendo en el bloque de forma legal se les dé otra casa de las reservas de viviendas sociales que tiene la Junta. En el resto de casos, es decir los ilegales, se procederá al desalojo. Saponi estimó que el vaciado del edificio es una de las mejores alternativas, puesto que el inmueble en caso de ser reutilizado precisa de una importante actuación integral. No obstante, sobre el futuro del bloque --es decir si se derribará o se mantendrá-- aún no se ha adoptado una solución definitiva.
LA OPOSICION Los partidos de la oposición en el ayuntamiento también se pronunciaron sobre este asunto. La portavoz socialista, Carmen Heras, consideró imprescindible que el ayuntamiento y la Junta aborden el problema de forma conjunta y consensuada para "restaurar --dijo-- la legalidad". La dirigente socialista matizó que "una solución parcial" no valdrá de nada en un barrio donde es necesario, según su criterio, "actuar de forma global". Heras indicó que también debería retomarse la posibilidad de instalar en la zona una comisaría conjunta con fuerzas de la policía local y la Nacional.
Por su parte, el portavoz municipal de Izquierda Unida, Santiago Pavón, subrayó que el desalojo del bloque C de la calle Ródano es un tema que "al ayuntamiento le sobrepasa" y que, por tanto, sería necesaria "una acción coordinada con la Junta de Extremadura". Pavón se mostró "muy interesado" en mantener una próxima reunión con los colectivos sociales y vecinales de Aldea Moret "para abordar en profundidad --subrayó-- los problemas más importantes que azotan al barrio y que han cobrado un carácter endémico". El representante de IU abogó por una solución a las cuestiones sociales --fundamentalmente convivencia ciudadana y marginalidad-- y legales, en materia de viviendas sociales.
El bloque C de la calle Ródano se construyó en 1987 y su gestión administrativa depende del Ayuntamiento de Cáceres. Los vecinos han denunciado de forma constante los problemas de insalubridad --falsos techos rotos, malos olores, ratas, incendios fortuitos o intencionados...-- e inseguridad que azotan al edificio. Tal como relató ayer este periódico, los afectados hablan de que en los últimos meses se han producido en el inmueble tres muertes en extrañas circunstancias. Los colectivos vecinales abogan por su derribo inmediato.
